Hijos de militares y policías deben presentar declaraciones juradas de residencia.
La inscripción de niñas y niños con discapacidad ha sido restringida y hasta vetada por las trabas que impusieron algunos directores de unidades educativas, en las que pretendieron registrase, denunció el defensor del Pueblo, Rolando Villena al presentar el informe sobre las inscripciones escolares de este año.
"En una gran parte de los establecimientos, al momento de la inscripción, exigieron a los padres de las niñas y niños con discapacidad, que presente un carnet o certificado que indique su calidad de discapacitado, por este requisito los padres y madres desistieron de inscribirlos en la educación regular".
La Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento a las inscripciones en coordinación con el Ministerio de Educación y las direcciones distritales, porque recibió denuncias sobre diferentes requisitos no autorizados planteados por directores y juntas de padres.
En opinión de Villena, el propósito del Ministerio de Educación es destacable, pero choca con la realidad, porque aparte de los obstáculos que ponen los directores, se cuenta la falta de adecuación de las infraestructuras de los establecimientos.
Acotó que "sugerían a las madres y padres que los inscribieran en un centro especializado para discapacitados, ya que no existían condiciones de infraestructura para que la niña o el niño asista al sistema regular escolarizado" y reiteró que este argumento es una forma de discriminación contra los derechos de las niñas y los niños con discapacidad.
Villena dijo que el Informe Defensorial será presentado al Ministerio de Educación, para que en la gestión 2016, el personal sea capacitado para tratar a niñas y niños con discapacidad y las infraestructuras sean adaptadas en las unidades educativas que dependen del Gobierno.
La Defensoría del Pueblo movilizó a más de 100 servidoras y servidores de la institución, que asistieron a 252 unidades educativas, de las cuales 196 corresponden a las ciudades capitales y 56, a otras poblaciones.
Impedimento a hijos de policías y militares. En el informe Defensorial, se indica que un sector afectado en la inscripción escolar es el de hijas e hijos de policías y militares, a quienes se exigió declaraciones juradas de residencia en los establecimientos escolares.
Los directores y el personal administrativo insistieron con este documento, pese a la explicación de los padres y madres uniformados que por su profesión cambian de manera constante de residencia.
Cobros irregulares. Según Villena, una práctica que continúa, pese a las advertencias de sanciones emitidas por las autoridades de Educación, es el cobro de "cuotas extraordinarias de inscripción" en algunos centros educativos.
Este requerimiento, indicó Villena, está arraigado en la ciudad de El Alto y en las áreas rurales de todo el país.
"Piden cuotas para pagar al profesor de computación, a la bibliotecaria, a la cocinera. Los cobros a los padres fueron en el rango de los 20 bolivianos hasta los 190".
La Constitución Política del Estado prohíbe expresamente, que se apliquen en el país mecanismos que tiendan a discriminar a las personas por cualquier razón o motivo.
252 unidades educativas fueron observadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en todo el país.
"Hacemos un trabajo articulado y coordinado, en la búsqueda de mejorar las condiciones y garantizar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno al acceso a una educación de calidad" Rolando Villena - DEFENSOR DEL PUEBLO
No hay comentarios:
Publicar un comentario