Las autoridades de los establecimientos justifican la adquisición porque son un distintivo y un ahorro de dinero para los papás.
La Asociación de Colegios Privados (Andecop) hace caso omiso de la Resolución Ministerial 001/10, que prohíbe el uso de los uniformes escolares, aunque respetan otras disposiciones como el Contrato de Prestación de Servicios que establece el pago de 10 pensiones al año.
Cambio evidenció, en una visita a algunos establecimientos educativos, que continúan con la inscripción de estudiantes, los padres de familia aceptan sin discusión la imposición de los colegios de que los alumnos deben portar un uniforme al ingreso a clases el lunes 1 de febrero.
La Resolución Ministerial 001/10, en su parágrafo 4.3, referido al uniforme, señala que “el uso de uniforme no es obligatorio en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Sin embargo, en caso de llegar a un acuerdo entre la Dirección de la Unidad Educativa y padre, madre, tutor o apoderado respecto a su uso, éste no deberá comprender únicamente falda para las niñas y señoritas, debiendo incluir el uso de pantalón de forma alternativa”.
El reverendo padre Francisco Flores, director del colegio San Calixto de la Compañía de Jesús, ubicado en la calle Jenaro Sanjinés, justificó la continuidad del uso de uniformes en ese establecimiento católico con el argumento de que los padres no expresaron su desacuerdo y que la prohibición del mismo no es tácita.
Flores, quien también es vicepresidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares, manifestó que la institución pidió audiencia al ministro de Educación, Roberto Aguilar, para consensuar el Contrato de Prestación de Servicios, que aún no fue aceptado por esta institución.
Se conoció que las pensiones escolares en el colegio San Calixto se mantienen en 642 bolivianos, pero pueden incrementarse de acuerdo al aumento salarial al plantel docente y si tiene un carácter retroactivo.
En la Unidad Educativa Santa María, ubicada en la calle Ballivián, a dos cuadras de la plaza Murillo, los padres de familia firmaban contratos a tiempo de inscribir a sus hijos.
“Estamos acatando las disposiciones del Ministerio de Educación a través del Seduca. No se han elevado ni un solo centavo las pensiones que se han divido en 10 cuotas, de manera que no hay matrícula”, afirmó el director de dicho establecimiento, sacerdote Reynaldo Quisbert.
Señaló que en la medida que se autorice un incremento salarial a los trabajadores del país, se acatará lo que determine el Ministerio de Educación en consenso con la Asociación de Colegios Particulares. La mensualidad en el colegio Santa María es de 291 bolivianos, tiene 470 alumnos y 30 profesores.
El profesor de artes plásticas del establecimiento educativo, Ramiro Guzmán, justificó: “El uniforme debe ser obligatorio porque le ahorra un montón de dinero al padre de familia, ya que el adolescente quiere pantalón de marca, y en casos de emergencia el alumno es identificado”.
El colegio Santa Ana, que tiene 1.150 estudiantes, la pensión se mantiene en 441 bolivianos, al igual que el uniforme diario y deportivo. A los padres que consultaban se les entregaba el último circular de Andecop 01/010, que en su artículo tercero señala: “Una vez conocido el monto del aumento salarial y su reglamentación por el Ministerio de Trabajo, se procederá al reajuste del costo educativo con carácter retroactivo para la gestión 2010”.
Los estudiantes se preparan para retornar a clases el 1 de febrero, aunque las autoridades aclararon que las poblaciones que sufren inundaciones deben esperar.
Ministerio denuncia cobros ilegales
El Ministerio de Educación informó ayer que las unidades educativas privadas y fiscales, además de las juntas escolares, persisten en cobros ilegales en las inscripciones, tras constatar que las denuncias subieron a 340 en todo el país.
“Según el último reporte, hemos recibido aproximadamente unas 340 denuncias en las que las juntas escolares estarían realizando cobros en unidades privadas donde los padres de familia son obligados a firmar contratos que comprenden el pago retroactivo del incremento, que podría suscitarse en el sector educativo o con algunas cláusulas se garantiza el pago con los bienes que tienen”, explicó a la ABI el jefe de la Unidad de Transparencia, Ramiro Guerrero.
Precisó que la mayor cantidad de denuncias fue reportada en unidades educativas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Informó que esa Unidad intensificará los operativos en los nueve departamentos del país, en coordinación con el Viceministerio de Educación Regular y los servicios departamentales de Educación, para evitar que se realicen esos cobros y la implementación de contratos que violan la normativa y afectan la economía de la comunidad educativa. ABI
La Asociación de Colegios Privados (Andecop) hace caso omiso de la Resolución Ministerial 001/10, que prohíbe el uso de los uniformes escolares, aunque respetan otras disposiciones como el Contrato de Prestación de Servicios que establece el pago de 10 pensiones al año.
Cambio evidenció, en una visita a algunos establecimientos educativos, que continúan con la inscripción de estudiantes, los padres de familia aceptan sin discusión la imposición de los colegios de que los alumnos deben portar un uniforme al ingreso a clases el lunes 1 de febrero.
La Resolución Ministerial 001/10, en su parágrafo 4.3, referido al uniforme, señala que “el uso de uniforme no es obligatorio en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Sin embargo, en caso de llegar a un acuerdo entre la Dirección de la Unidad Educativa y padre, madre, tutor o apoderado respecto a su uso, éste no deberá comprender únicamente falda para las niñas y señoritas, debiendo incluir el uso de pantalón de forma alternativa”.
El reverendo padre Francisco Flores, director del colegio San Calixto de la Compañía de Jesús, ubicado en la calle Jenaro Sanjinés, justificó la continuidad del uso de uniformes en ese establecimiento católico con el argumento de que los padres no expresaron su desacuerdo y que la prohibición del mismo no es tácita.
Flores, quien también es vicepresidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares, manifestó que la institución pidió audiencia al ministro de Educación, Roberto Aguilar, para consensuar el Contrato de Prestación de Servicios, que aún no fue aceptado por esta institución.
Se conoció que las pensiones escolares en el colegio San Calixto se mantienen en 642 bolivianos, pero pueden incrementarse de acuerdo al aumento salarial al plantel docente y si tiene un carácter retroactivo.
En la Unidad Educativa Santa María, ubicada en la calle Ballivián, a dos cuadras de la plaza Murillo, los padres de familia firmaban contratos a tiempo de inscribir a sus hijos.
“Estamos acatando las disposiciones del Ministerio de Educación a través del Seduca. No se han elevado ni un solo centavo las pensiones que se han divido en 10 cuotas, de manera que no hay matrícula”, afirmó el director de dicho establecimiento, sacerdote Reynaldo Quisbert.
Señaló que en la medida que se autorice un incremento salarial a los trabajadores del país, se acatará lo que determine el Ministerio de Educación en consenso con la Asociación de Colegios Particulares. La mensualidad en el colegio Santa María es de 291 bolivianos, tiene 470 alumnos y 30 profesores.
El profesor de artes plásticas del establecimiento educativo, Ramiro Guzmán, justificó: “El uniforme debe ser obligatorio porque le ahorra un montón de dinero al padre de familia, ya que el adolescente quiere pantalón de marca, y en casos de emergencia el alumno es identificado”.
El colegio Santa Ana, que tiene 1.150 estudiantes, la pensión se mantiene en 441 bolivianos, al igual que el uniforme diario y deportivo. A los padres que consultaban se les entregaba el último circular de Andecop 01/010, que en su artículo tercero señala: “Una vez conocido el monto del aumento salarial y su reglamentación por el Ministerio de Trabajo, se procederá al reajuste del costo educativo con carácter retroactivo para la gestión 2010”.
Los estudiantes se preparan para retornar a clases el 1 de febrero, aunque las autoridades aclararon que las poblaciones que sufren inundaciones deben esperar.
Ministerio denuncia cobros ilegales
El Ministerio de Educación informó ayer que las unidades educativas privadas y fiscales, además de las juntas escolares, persisten en cobros ilegales en las inscripciones, tras constatar que las denuncias subieron a 340 en todo el país.
“Según el último reporte, hemos recibido aproximadamente unas 340 denuncias en las que las juntas escolares estarían realizando cobros en unidades privadas donde los padres de familia son obligados a firmar contratos que comprenden el pago retroactivo del incremento, que podría suscitarse en el sector educativo o con algunas cláusulas se garantiza el pago con los bienes que tienen”, explicó a la ABI el jefe de la Unidad de Transparencia, Ramiro Guerrero.
Precisó que la mayor cantidad de denuncias fue reportada en unidades educativas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Informó que esa Unidad intensificará los operativos en los nueve departamentos del país, en coordinación con el Viceministerio de Educación Regular y los servicios departamentales de Educación, para evitar que se realicen esos cobros y la implementación de contratos que violan la normativa y afectan la economía de la comunidad educativa. ABI
