En unidades educativas privadas, fiscales y de convenio se incumplen al menos 12 prohibiciones establecidas por el Ministerio de Educación y por la misma Constitución Política del Estado (CPE), según padres de familia, el Gobierno y los propios maestros.
Las prohibiciones para exigir uniforme —el distintivo de unidades educativas privadas o fiscales—, o aquella referida al pago de cuotas para arreglos del establecimiento y contratación de profesores extras, caen en saco roto, a decir del ejecutivo de los maestros paceños, José Luis Álvarez. Esta situación, agrega, se genera cuando desde el Ministerio de Educación se abre la posibilidad de incumplir estas disposiciones al indicar que si los padres acuerdan hacer los pagos, se puede proceder.
“En este aspecto hay una dualidad de las autoridades; si bien emiten las prohibiciones, después se desdicen indicando que, en caso de que sea aprobado en reunión de padres con la dirección, se cancela el monto acordado... ¿Para qué se elaboran entonces reglamentos?”, cuestionó.
El viceministro de Educación Escolarizada, Germán Jiménez, explicó que, en esta gestión, el ministerio será más drástico que otros años en hacer cumplir las normas emitidas en ese despacho. Dijo que estas medidas fueron consensuadas con los sectores involucrados y están en base a la nueva CPE.
“Lo que establecerá la nueva resolución del Ministerio (de Educación) está basado en la nueva Constitución Política del Estado. Las resoluciones que sacamos son complemento de los pedidos de los diferentes sectores y sólo estamos ejecutando”, aseveró.
El ejecutivo de las Juntas Escolares del departamento de La Paz, Franklin Gutiérrez, dijo que mientras se vea a la educación como un servicio de lucro, continuarán las denuncias de cobros indebidos o discriminación. “Algunos colegios piden hasta libros de sus propias imprentas y no permiten que los hijos menores los reutilicen, eso es atentar a la economía”, indicó.
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