Se ha generado un debate profundo alrededor de la decisión de suspender el año escolar en la educación inicial, primaria y secundaria en el país, en los colegios públicos y privados. Esta medida, que ha ocasionado opiniones contrapuestas, no se sostiene en los argumentos defendidos por el Gobierno, que ha establecido hasta hoy tres criterios diferentes que intentan justificarla y que se contradicen entre sí: cuidar la salud de los niños y adolescentes; acabar con los atropellos de un sector, el magisterio, politizado e intransigente; y falta de condiciones para llegar a la educación digital en todo el territorio.
El primer criterio, defendido por la propia Presidente, es incorrecto dado que en Bolivia las clases presenciales están suspendidas desde el mes de marzo, por lo que el aumento de los contagios y decesos no tiene relación directa ni indirecta con la actividad escolar presencial porque, sencillamente, no la hubo. Sobre este punto, es falaz establecer que la actividad académica semipresencial aumentaría exponencialmente los contagios toda vez que, si se cumplen las normas y recomendaciones en los centros educativos, esto es uso de mascarillas y desinfectantes, distancia fisica , límites de aforo y rastreo, se podría contener la posible expansión del virus ocasionada por la asistencia a las aulas. Se trata de buscar soluciones para evitar una decisión, cuyas consecuencias se prorrogarán durante años.
Tampoco es correcto establecer que dado que no todos los estudiantes tienen acceso al internet adecuado la mejor opción, en consecuencia, sea la suspensión de la actividad escolar. Este argumento no sólo es risible, sino que peca de ser contradictorio. Con ese paraguas se pretende sostener que si se impulsa la educación virtual se fomentaría la desigualdad entre los estudiantes de diferentes ciudades y sectores al no tener todos ellos el mismo acceso a internet y los mismos medios para hacerlo.
Con esta medida lo que se hace es igualar la educación hacia la baja, con el peligro de que muchos estudiantes, especialmente de las familias más pobres del área rural, no tengan la misma capacidad de acceso el próximo año. Por lo tanto, contrario a lo que se piensa, esta medida profundiza aun más la brecha innegable en el acceso a la educación y el provecho que de ella puedan sacar los estudiantes de diferentes sectores económicos.
Por otro lado, la realidad de Bolivia es concreta, existe una desigualdad innegable en el acceso a la educación que condiciona la formación y posterior desarrollo de la vida individual de los hoy estudiantes. Por ello, precisamente, las condiciones que repercuten en la vida de un estudiante del área rural y otro del área urbana difieren no sólo en la calidad de la educación (infraestructuras, materiales, profesorado, etcétera), sino en los factores externos que influyen en la misma como el entorno, el hogar, la relación intrafamiliar, la capacidad económica, los medios de subsistencia, la alimentación etcétera.
Es así como la escolaridad no sólo garantiza parcialmente la competencia en el futuro de los niños y adolescentes, sino que previene de riesgos que los estudiantes, sobre todo de los sectores más deprimidos, un problema en Bolivia más que evidente, pueden sufrir como violencia en sus hogares, trabajo infantil y otro tipo de abusos, tal como lo ha expresado la delegación de Naciones Unidas en Bolivia.
La educación no sólo supone el aprendizaje de las asignaturas correspondientes, establece parámetros irremplazables de desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes especialmente en una edad temprana. En ese sentido, los menores y las familias mas pobres son, precisamente, los sectores que más riesgo tienen de ‘quedarse atrás’ tras esta determinación.
Es un error reducir el problema a un tema político con un sector que, según criterio del gobierno, está cooptado por el Movimiento al Socialismo. Sostener este argumento es admitir la incapacidad política del gobierno para resolver los problemas de la gente y buscar soluciones prácticas para superar la crisis, en resumen, de hacer política y gobernar. No cabe duda de que tanto el magisterio como otros sectores sociales del país son objeto de manipulación de dirigentes fieles al expresidente Morales, pero con la suspensión del año escolar no se resuelve el problema, al contrario, se profundiza, debido a que la educación y su defensa es el único medio capaz de mejorar la realidad que arrastra Bolivia desde hace décadas. Se despolitiza haciendo reformas y aplicando la ley, no con acciones perjudiciales para el presente y futuro del país.
Organismos Internacionales han expresado su preocupación por la medida proponiendo soluciones que en Bolivia se pueden impulsar y adaptar: clases semipresenciales, por turnos y horarios específicos; preparar a la escuela para el distanciamiento físico, alrededor y en el camino a las escuelas; garantizar que las medidas de limpieza y desinfección son efectivas y regulares; monitorear las ausencias e implementar medidas para gestionar o prevenir riesgos a la salud, entre otras.
Tal como lo ha manifestado el Secretario General de las Naciones Unidas al respecto, las decisiones que tomen ahora los gobiernos tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las perspectivas de desarrollo de los países en las próximas décadas. Por ello es importante ser objetivos en el análisis sobre los efectos de la suspensión del año escolar, que no se reduce a un problema político ni a la crisis sanitaria. Países como Uruguay y Ecuador están implementando medidas para la vuelta a las clases semipresenciales, con todas las limitaciones que tiene cada país, pero disponiendo de todos los medios posibles para evitar tomar una medida que multiplique los perjuicios de la sociedad en plena crisis sanitaria.
La crisis desatada por la pandemia ha puesto a gobiernos y ciudadanos en una situación sin precedentes. No obstante, pone en evidencia un problema que es urgente resolver en el país. En Bolivia se requiere una inyección económica fuerte en el sector que vaya acompañada de una reforma estructural que impulse una mejora del nivel cualitativo de la educación. En Bolivia no se ha hecho nada al respecto las últimas décadas, esperemos que esta medida ponga en la agenda la real importancia de abordar el sector de la educación, la única vía posible para mejorar verdaderamente la sociedad y el país.
Mateo Rosales Leygue es abogado especialista en relaciones públicas e institucionales.
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