Padres de Familia del Colegio Santa María Magdalena Postel, ayer realizaron una marcha para denunciar, de manera escueta, supuestas anomalías contra el plantel educativo en un proceso de presunta violencia psicológica, que debió ser tratado ante las instancias competentes que regulan el accionar de los maestros en los colegios y no llegar a estrados judiciales como se lo hizo.
Dos padres de familia, que pidieron mantener en reserva sus nombres por temor a represalias contra sus hijos, manifestaron que la denuncia se debió realizar en primera instancia en la Dirección Distrital de Educación, luego en la Dirección Departamental y luego ante la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación pero se optó por iniciar un proceso jurídico con apoyo de algunas autoridades.
Por esta situación, los padres de familia protagonizaron una peregrinación por el centro de la ciudad con canticos religiosos, oraciones con altavoces acompañados de pancartas y frases de valores con los que se forma a los estudiantes en el plantel educativo y reclamaron justicia para una maestra a la que se involucra en el proceso de presunta violencia psicológica.
Ante el requerimiento de la prensa, uno de los padres de familia dio a conocer su descontento debido a supuestas irregularidades detectadas con la intervención de autoridades educativas de la dirección distrital y departamental favoreciendo a los denunciantes por un presunto caso de maltrato que debió haberse atendido en esas esferas, pero que derivó injustamente en un proceso contra la maestra, que se ventila en el Juzgado del Menor.
Precautelando el bienestar del alumnado y del plantel educativo, evitaron dar mayor información, manifestando que están en constante vigilia a la espera de la sentencia en base a una correcta valoración de las pruebas de convicción.
A la vez, afirmaron que una vez que se conozca la sentencia, un grupo de padres de familia iniciarán una acción penal en contra de las autoridades y la parte coadyuvante que inició el proceso a la educadora del establecimiento.
Señalaron que en el proceso por presunto hecho de maltrato a una infante, habrían adjuntado ilícitamente o de manera irregular, nombres de 11 niños y niñas en calidad de presuntos actores de "bullyng", por esta situación los padres de familia de los niños afectados informaron que agotarán todas las instancias para evitar este extremo, buscando prevalecer los derechos de los niños, establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Niña, Niño, Adolecente.
Recordaron que la utilización de identidad de menores sin consentimiento de los padres constituye un delito, habiendo dado a conocer esta irregularidad a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio, autoridades educativas y el Defensor del Pueblo.
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