En el departamento de Cochabamba, cada aula de los establecimientos escolares, tiene un promedio de 42 estudiantes, es decir 12 más de lo que la nueva resolución educativa permite. En colegios privados existen 45 alumnos por curso y en los fiscales, 40.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, ratificó ayer que la cantidad máxima por curso a partir de esta gestión es de 30 estudiantes. Sin embargo, aclaró que la aplicación de la norma, establecida en la Resolución 001/2016, será gradual.
Este año, la resolución se implementará en los primeros cursos, precisó.
SIN CONDICIONES En este sentido, el subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación, DDE, Jorge Ponce, explicó la imposibilidad de aplicar la regla en todo el sistema educativo. Aseguró que en los cursos superiores, el número es mayor y no existen condiciones para desdoblarlos en paralelos por falta de infraestructura y maestros.
Los niveles superiores serían los más perjudicados. “Si el año pasado un curso de tercero de primaria tenía 40 alumnos, debe pasar a cuarto con la misma cantidad, no podemos retirar a 10”.
Desde el punto de vista de la autoridad, la aplicación total de esta modificación puede ser concretada en seis años.
Recordó que la norma también menciona un número mínimo de 10 colegiales por aula, en el área rural. Aseguró que hay la imposibilidad de aplicación. Existen lugares dispersos donde no se llega al mínimo y se habilitan aulas multigrado. “En un solo curso funcionan varios grados”, explicó.
Sobre la cantidad de ítems, el director de la DDE, Lorenzo Cruz, recordó que existe un déficit histórico, pero aclaró que “hay una decisión política para transformar la educación en el país”.
En la gestión académica 2015 se contó con 526.140 docentes y 26.583 estudiantes.
PARTICULARES Al respecto, el presidente interino de la Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba (Andecop), Genaro Durán, dijo que cumplirán la norma solo en los primeros cursos.
Agregó que en muchos establecimientos tienen más de 45 escolares por curso y admitió que es imposible aplicar la nueva determinación de forma general en los colegios.
Dijo que, si fueran presionados corren el riesgo de quiebra. Explicó que por menos estudiantes por aula el costo de la pensión sube. El ministro Roberto Aguilar especificó que es la autoridad la que define el precio de las pensiones.
En este sentido, dijo que “lo que se ha planteado es progresivo y los colegios particulares tienen que adecuarse paulatinamente sin cerrar”.
Cuestionó que muchos establecimientos privados subieron la cantidad de alumnos para tener mayor ingreso, descuidando la calidad educativa.
Se comienza en el trópico
La implementación de la norma a cabalidad y en todos los cursos, con 30 estudiantes por aula, comenzará con un proyecto piloto en la zona del trópico, explicó el subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación (DDE),
Jorge Ponce.
La autoridad dijo que se cuenta con las condiciones de infraestructura y equipamiento debido a las alianzas estratégicas concretadas con los municipios y con las organizaciones sociales.“Se cuenta con todo el respaldo del Ministerio de Educación para garantizar los ítems.
El titular de la Dirección Departamental de Educación, Lorenzo Cruz, recordó que las alcaldías son las responsables de construir unidades educativas y equiparlas.
También se impulsará la implementación del bachillerato técnico.
Puede ser una condena a muerte para los particulares
Alberto Libera
Expertos en educación
La reducción del número de estudiantes por aula es una medida acertada porque permite una enseñanza más personalizada y un seguimiento individual de cada alumno.
Pero también tiene sus riesgos. Reducir el número de estudiantes implica bajar los ingresos para los colegios particulares.
Seguro que la norma no les permitirá incrementar, a la par, las pensiones y en esas condiciones es como condenarlos a muerte.
Si se les quita sus posibilidades de sobrevivencia se está atentando contra la Constitución Política del Estado y la Ley Avelino Siñani que reconocen a los colegios particulares y de convenio como una alternativa de educación.
Desde el punto de vista académico tiene sus beneficios. Habrá un mejor seguimiento a los estudiantes porque los profesores podrán revisar a detalle las tareas presentadas, actividad que antes no podían hacerla.
Siendo menos alumnos, los profesores también podrán controlar más la disciplina dentro del aula.
Este cambio necesita de la participación de las alcaldías porque, por ejemplo, para los colegios fiscales, se deberá construir más aulas y unidades educativas adecuadas para recibir a 30 estudiantes por curso.
Hay que advertir que si no viene acompañado de un presupuesto suficiente, el proyecto puede caer en papel mojado e impedirá que los padres de familia inscriban a sus otros hijos por falta de espacios.
Ahora, también el Ministerio de Educación debe estar preparado, porque al
reducir el número de alumnos, quizá se aumenten más paralelos y por tanto se necesitará más ítems para maestros.
El Tesoro General del Estado tendría que tener previsto una partida adicional para que paulatinamente habilite más ítems educativos en todos y cada uno de los establecimientos.
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