La gestión escolar 2016 será inaugurada hoy en instalaciones del Colegio Nacional “Juan Misael Saracho” de la ciudad de Oruro, evento que contará con la presencia de autoridades educativas.
En tanto, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional identificó una serie de problemas en el inicio del año lectivo, como falta de información sobre los requisitos y vacancias, plazas limitadas, intromisión de Juntas Escolares, entre otros, lo que afectaría el derecho a una educación digna de niños, niñas y adolescentes de Bolivia.
A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo manifestó que en el inicio de esta gestión se presentó una serie de problemas, como falta de información sobre requisitos y vacancias, plazas limitadas, intromisión de las juntas escolares, desproporción en registros de inscripciones en turnos de la mañana y de la tarde y el desconocimiento de la Resolución Ministerial.
Estos problemas fueron identificados a través de denuncias, evidenciadas por las defensorías durante el proceso de inscripción que finalizó hace unos días.
“Estos problemas afectaron de manera más frecuente a las niñas y niños que optaban por inscripciones en el nivel inicial, pero también a la niñez con discapacidad y a hijas e hijos de servidores públicos de la Policía y las Fuerzas Armadas que cambiaron de destino en esta gestión”, indica el informe final de las verificaciones.
El informe también señala que la Defensoría del Pueblo admitió y procesa 21 denuncias realizadas por padres y madres de familia por cobros irregulares, discriminación en razón de discapacidad y por discriminación de género, casos recibidos durante las verificaciones que se presentaron en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, durante el proceso de inscripción escolar.
Tras señalar que el documento final será enviado a instancias pertinentes con las recomendaciones específicas, el defensor Rolando Villena destacó el esfuerzo organizativo del Ministerio de Educación en este proceso de inscripción y la participación del plantel docente y administrativo de los colegios para dar cumplimiento a la Resolución Ministerial emitida para el efecto.
“El derecho a la educación es el que más avances reporta en los últimos años en el Estado Plurinacional, aunque hay que trabajar todavía en temas de medición de la calidad educativa y la infraestructura”, señaló la autoridad.
Sobre el proceso de inscripción en la gestión 2016, manifestó que se deben mejorar temas como los cobros indebidos, la falta de infraestructura y capacidad para responder a la demanda en el registro de nivel inicial para niños y niñas con discapacidad y aquellos estudiantes que cambian de lugar de residencia por el trabajo de sus padres.
Ponderó la inscripción efectuada, donde se dio prioridad a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, una medida acertada dijo, aunque observó que esta no se vio acompañada de las gestiones previas para garantizar el acceso, situación que se agravó debido a la inflexibilidad de la exigencia del certificado médico que señale el tipo de discapacidad.
Respecto a denuncias, mencionó que estas son procesadas por las oficinas defensoriales, añadiendo que le preocupa la recurrencia de los cobros adicionales que deciden las juntas escolares que van desde 20 a 200 bolivianos para cubrir necesidades y demandas educativas que deben ser cubiertas por autoridades del Estado.“Consideramos que esta práctica restringe el acceso a la educación de niñas y niños con menos recursos”, indicó.
Según informe de la verificación realizada –en algunos casos– el desconocimiento de la Resolución Ministerial por parte del plantel docente, derivó en obstáculos en el momento de la inscripción, vulnerando el derecho al acceso a la educación; los sorteos a destiempo y poco trasparentes se han convertido en una medida discriminatoria.
Admitió que la reducida infraestructura para el nivel inicial fue otro problema identificado y que preocupa a la institución, pues incidió en que un alto porcentaje de niñas y niños no pudieron ser registrados.
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