Entre denuncias de acoso sexual, abuso sexual, abuso deshonesto, maltrato físico y psicológico, discriminación hacia estudiantes, negligencia en atención de bullyng y vulneración de derechos humanos en general, se registraron, el año pasado, en todo el país 249 casos.
Si bien estos datos no son cuantiosos frente a los más de 2 millones de estudiantes que se tienen, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, asegura que son “alarmantes” porque existen casos que no son visibilizados y que son manejados de manera “muy sutil” en las unidades educativas.
“Desde el Estado se deben realizar campañas educativas, pero también debe hacerse una alianza con la sociedad civil para luchar contra este flagelo”, dijo.
Casos de bullyng
En relación a los casos de bullyng (acoso recurrente a un estudiante de parte de un grupo de estudiantes u otro alumno), el responsable de la Unidad de Transparencia, Carlos Echazú, aseguró que estos se presentan en las ciudades y es donde se centra la atención para asumir acciones.
Para estos casos, dijo que se ha incluido dentro de la Resolución Ministerial 001 una causal excepcional para la expulsión de un alumno, “porque el principio es que no se debe expulsar a un estudiante pero hay casos excepcionales cuando son actitudes prácticamente delincuenciales como portar armas o estupefacientes”.
Manifestó que en los últimos años se tienen menos casos de agresiones por parte de maestros a estudiantes, porque también se ha incluido en la normativa procesos administrativos contra profesores; sin embargo, reconoció que aún falta más trabajo en lo referente al bullyng.
Afirmó que si bien las denuncias a nivel general son más frecuentes, éstas no son representativas pero contribuyen para que desde el Ministerio de Educación se realicen acciones para afrontarlas situaciones de violencia.
Como el Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas que señala que en la medida que se establezca la imputación por el Ministerio Público contra un profesor o director acusado de algún caso de violencia, se aplicará la inmediata suspensión sin goce de haberes hasta la conclusión del juicio.
En casos de violencia sexual, Herrera señaló que esto se constituye en un delito que “efectivamente no se puede tolerar y debería ser sancionado de manera oportuna, como un mensaje también educativo”.
Las denuncias de agresiones sexuales provienen, en su mayoría, de las áreas rurales.
¿Dónde denunciar?
El responsable de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, Carlos Echazú, informó que un padre, estudiante o maestro que quiera denunciar algún acto de violencia, discriminación o una situación irregular dentro el establecimiento educativo debe hacerlo, en primera instancia, en la escuela o colegio ante la máxima autoridad. En el caso que la denuncia no sea atendida puede acudir a la Dirección Distrital de Educación o ante el responsable de transparencia de la Dirección Departamental de Educación.
Entre las denuncias recibidas en la gestión 2015 también figuran: el abuso de autoridad o acoso laboral con 112 denuncias; cobros irregulares con 186 casos; designación irregular de cargos, 30; imposición de uniformes, 25; incremento excesivo de pensiones, 34; irregularidades administrativas, 97; negativa de beca, 13, negativa a inscripción; 46; percepción irregular de haberes, 14; retención de libretas, 37 y sanción por retraso en pensiones 12 casos presentados a nivel nacional.
Echazú asegura que la mayoría de los casos se presenta en La Paz porque ahí está la central, sin embargo, aclara que las denuncias también pueden ser dadas a conocer en los departamentos donde viven para que el responsable de transparencia remita los casos a la sede de gobierno.
“Estamos sintiendo una mayor cantidad de denuncias en ese sentido, lo interpretamos como algo positivo por ese hecho de que la gente se anime a denunciar”, aspecto que no ocurría antes, dijo.
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