Diez alumnas ganan el derecho de estudiar en el Bolívar

Autoridades del Defensor del Pueblo, la Dirección Departamental de Educación (DDE), la Dirección de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y autoridades del Concejo Municipal garantizan inclusión, en el primer día de clases, en el colegio Bolívar.

Durante tres días consecutivos la unidad educativa suspendió sus actividades a raíz de un conflicto con padres de familia y estudiantes que rechazan la inscripción de 10 estudiantes mujeres.

Las autoridades e instituciones involucradas estarán mañana en el primer día de clases velando la seguridad y bienestar de las estudiantes.

JORNADA La tarde de ayer, las autoridades no lograron persuadir a los padres de familia de su posición y tampoco llegaron a un acuerdo. Los padres de familia acusan a las autoridades educativas de “uso indebido de influencias”, y las autoridades, a ellos, de “discriminación”.

“No tiene sentido lo que dicen los padres de familia, porque nosotras quisimos hacer filas, ir a dormir todo, pero no nos dejaron”, informó una de las estudiantes, de quien se guarda su identidad.

Los padres de familia insisten en que las jóvenes no se sacrificaron como el resto de estudiantes que quedaron fuera. La alternativa propuesta por el presidente de la Junta Escolar, Juan Villarroel, para solucionar el conflicto, es que se elimine la inscripción de las 10 alumnas y en su lugar ingresen otros 10 jóvenes que hicieron fila.

Al no llegar a ningún acuerdo, finalmente el director del DDE, Jorge Ponce, dispuso que hoy se reinician las clases con las 10 alumnas inscritas. “Hemos pedido con mucha insistencia tolerancia, abandonar esa posición discriminadora, pero no recibimos ninguna respuesta”, expresó la presidenta del Concejo Municipal, María Isabel Caero.

La directora de Género, Generacional y Familia, Raquel Melgar, advierte cierto riesgo de “intimidación y amenaza” a las jóvenes, razón por la cual su dirección les brinda apoyo psicológico, y se constituirán en “garantes del cumplimiento de sus derechos”, según Melgar.