El Ministerio de Educación seguirá procesos penales a los maestros, directores o personal administrativo que sean denunciados por agresiones físicas, psicológicas o sexuales a un alumno.
Así lo indica el artículo 2 del Decreto Supremo N° 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, promulgado ayer por el Gobierno. La norma señala que dicha cartera de Estado hará seguimiento de estos casos hasta “su conclusión ante el Ministerio Público”.
Según el titular de Educación, Roberto Aguilar, es necesario realizar acciones de denuncia y seguimiento en la acción penal. “Hasta ahora se establecía en la norma general (Reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo, de 1993), que ante una denuncia o acoso por parte de un director o maestro, sólo los padres o tutores debían realizar el proceso; si el papá no tenía dinero, el proceso quedaba en la impunidad”, argumentó.
Para ejemplicar, contó el caso del director de una escuela que fue denunciado por agresión y que pese a ello fue trasladado a tres establecimientos diferentes; en el último cometió una violación. “Para evitar eso, se estableció que los directores distritales y el ministerio somos responsables en asumir las acciones penales”, resaltó.
El 7 de julio, Página Siete informó que las agresiones físicas, psicológicas y sexuales son la tercera causa de denuncia más frecuente realizada por los padres en contra de los maestros.
“Una violación o un acoso en una unidad educativa es lo más aberrante que puede producirse, porque no sólo se causa un daño a un ser humano, pequeño e indefenso, sino también se genera una (mala) imagen de la escuela donde no se protege, no se cuida y no es un espacio alegre para el niño”, acotó Aguilar.
En este marco, la nueva norma tiene por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia en el ámbito educativo.
Suspensión de maestros
El artículo 3 del decreto indica que el director, maestro o administrativo q ue fuera imputado por el Ministerio Público, por la comisión de delitos que atenten contra la vida o integridad física, psicológica y/o sexual de los estudiantes, será suspendido de su cargo sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal.
“La conclusión del juicio determinará si es culpable e irá a la cárcel; si es inocente y lo demuestra, es su derecho retornar a la educación”, dijo Aguilar.
Al promulgar el decreto, el presidente Evo Morales resaltó que hacía falta una norma de esta naturaleza, ya que algunos padres le informaron que “sus hijos eran chantajeados, incluso con notas” por algunos maestros.
El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, destacó la iniciativa y recordó que en varias oportunidades se solicitó crear normas para proteger a los niños y jóvenes del país.
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