El experto Mario Galindo presentó las conclusiones de una investigación sobre el tema.
El investigador y director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, Mario Galindo, sostiene que el principal desafío del Gobierno, dentro del modelo autonómico, es elevar el presupuesto educativo.
Afirma que Bolivia sólo destina el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación; es decir, lejos del 10 por ciento, el parámetro mínimo de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO).
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB nacional creció en un 5,03 por ciento a septiembre de este año, hasta alcanzar 16.494 millones de bolivianos, mientras que en similar periodo de 2010, llegó a 15.703 millones.
De acuerdo con los cálculos realizados, el porcentaje asignado a la educación asciende a 659.760 millones de bolivianos.
El estudio demuestra que el 68 por ciento (448.636 millones de bolivianos) se destina a salarios; el 10 por ciento (65.976 millones) está previsto para la inversión, y el 22 por ciento (145.147 millones), para otros gastos.
La investigación determina que el Estado hace un gasto anual de 129 dólares por cada alumno de primaria y de 203 dólares por cada estudiante de secundaria, los que, según Galindo, son los más bajos de Sudamérica.
El estudio. Galindo es autor de la publicación Los Desafíos de la Educación en el Proceso Autonómico Boliviano, en colaboración con Manfredo Bravo y Omar Aillón, la cual fue presentada en homenaje a los 100 años de la educación en Bolivia, evento que tuvo lugar en la localidad de Huarinilla, provinvia Nor Yungas, los días 7 y 8 de octubre.
El estudio sostiene que la primera constatación en el proceso autonómico es que no se podrá descentralizar la educación si maestros y autoridades educativas nacionales no dan muestras de voluntad para hacerlo. Los primeros, porque temen que la descentralización erosione la unidad sindical y, por ende, su fuerza de presión, mientras que los segundos no quieren perder el poder sobre esa cartera.
Galindo argumenta que hay ejemplos en países de Latinoamérica donde se ha descentralizado la educación y los sindicatos magisteriles se mantienen unidos y fuertes, como es el caso argentino. Sin embargo, asegura que ese argumento no parece convencer a los principales dirigentes sindicales, lo que causa bajos niveles educativos y presupuestarios.
Los sindicatos de seis de los nueve departamentos, explica, quieren la descentralización (menos La Paz, Cochabamba y Oruro) porque se adhieren al pedido de autonomía de sus pueblos, pero no tienen la fuerza necesaria para imponer un punto de vista a los demás sindicatos, que tienen un mayor número de afiliados.
Según dice, el departamento con mayor cantidad de estudiantes es La Paz, con 651.444 alumnos; seguido por Santa Cruz, 629.309; Cochabamba, 445.991; Potosí, 236.002; Chuquisaca, 154.286; Oruro, 120.285 y Pando, con 22.002.
108.000 profesores trabajan en Bolivia, de los cuales 78.000 son de primaria y 24.000 de secundaria.
Las conclusiones de la investigación
El proceso de aplicación de las autonomías en educación debe inscribirse en el marco de la nueva Constitución.
Los gobiernos autónomos del país deben proponer y ejecutar políticas de educación en el marco de sus atribuciones.
Es imperativo y necesario aumentar el volumen y mejorar la distribución y la asignación de recursos a la educación boliviana.
Es imprescindible acordar con el magisterio una política salarial nacional y subnacional equitativa y razonable.
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