El dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, dijo que su sector se declaró en estado de emergencia, en defensa de los derechos de las funcionarias embarazadas, quienes están siendo obligadas a pagar de su sueldo un reemplazo, durante su baja médica por parto. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, reconoció que existe una resolución que impide el pago del reemplazo en secretarias y porteras embarazadas, disposición que rige desde 2002.
Según el dirigente, no se están respetando derechos sociales y laborales de las madres embarazadas, quienes forman parte el personal del área administrativa de las unidades educativas (secretarias y porteras). “En caso de no tener soluciones al respecto, iniciarán medidas de presión, lo cual se definirá en un ampliado la siguiente semana”, dijo.
En criterio de Álvarez esta disposición es abusiva y discriminatoria, que vulnera todas las disposiciones que protegen al trabajador.
“Según la Ley General del Trabajo, una trabajadora embarazada debe tener baja médica y permiso de sus funciones, 45 días antes y 45 días después del parto, siendo que el gasto para el salario del reemplazo corre por cuenta de la empresa, situación que no se respeta”, dijo.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, sostuvo que al único personal del sector público que se beneficia con el pago de su reemplazo es a las maestras que están embarazadas, porque se necesita que continúe la enseñanza en clases y aseguró que el dirigente "miente".
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