Estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio del país -en principio, en el área rural- cultivarán hortalizas en huertos orgánicos. Estos alimentos formarán parte del Programa de Alimentación Complementaria Escolar que el Gobierno prevé implementar en 2013.
El Ministerio de Educación trabaja en un proyecto de ley, denominado Alimentación Complementaria Escolar, que apunta a cualificar la calidad de los alimentos otorgados a los estudiantes en el desayuno escolar y, además, aumentar las raciones a merienda y en algunos casos también a almuerzo.
“En algunos municipios, según el financiamiento, se les dotará de las tres comidas”, dijo Jorge Pascuali, responsable del Equipo de Alimentación Escolar de dicha cartera de Estado.
El Primer Encuentro Plurinacional de la Alimentación Complementaria Escolar en Bolivia reunió ayer a 71 concejales y alcaldes del país en la ciudad de La Paz, quienes intercambiaron experiencias sobre esta materia.
Durante la inauguración del encuentro, el titular de Educación, Roberto Aguilar, remarcó que la alimentación escolar no debe reemplazar a la que los estudiantes reciben en sus casas; sólo “debe complementarla y potenciarla”.
Aprenden a hacer ciencia
Según Pascuali, a partir de los huertos orgánicos, los estudiantes aprenderán a cultivar diferentes productos que, a su vez, servirán para su alimentación complementaria. Además, conocerán más las aplicaciones de las materias de química, matemáticas y física.
“El estudiante ha asimilado el huerto para aprender matemática, física, química' Le sirve para medir la planta, conocer cuánto de agua requiere y ésa es la idea, que el huerto tiene un carácter práctico. Existen programas positivos al respecto”, explicó.
El experto adelantó que los huertos serán implementados a partir de febrero de 2013. “Los primeros 50 huertos estarán en las unidades educativas más vulnerables, donde el acceso sea más limitado”, afirmó.
A propósito de las fuentes de financiamiento del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, Pascuali dijo que 30% corresponderá a las gobernaciones y 70% a los gobiernos municipales.
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