La Dirección Departamental de Educación de Potosí ocupa el primer lugar en el ranking de las instituciones que fueron más denunciadas durante la presente gestión por los ciudadanos a la Defensoría del Pueblo.
Así refleja el informe defensorial sobre el ejercicio de los Derechos Humanos que fue exhibido por la representante del Defensor del Pueblo en Potosí, Jackelinne Alarcón.
Es el segundo año consecutivo que la dirección de educación ocupa el primer lugar, pero esta vez se admitió 54 denuncias de vulneración de derechos de las personas.
El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí ocupa el segundo lugar con 23 denuncias, seguido de la Policía Departamental con 21 casos. La institución del orden bajó del primer lugar del ranking al tercero y se percibe mejor trato a los ciudadanos, pero que aún se debe trabajar en cuanto a relaciones humanas.
El último lugar de las instituciones más denunciadas a la Defensoría del Pueblo es el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí con 16 denuncias que se admitieron el presente año, dijo Alarcón.
Pero este año también se reflejó en estadística los casos denunciados en el municipio de Llallagua. En ese municipio se atendieron 184 denuncias, y la institución más denunciada fue la Dirección de Régimen Penitenciario seguido del Gobierno Autónomo Municipal de Lallagua y, finalmente, la Dirección Distrital de Educación.
Para la representante del Defensor en Potosí, es necesario seguir trabajando en mejorar las relaciones en las personas que ejercen una función pública para evitar la vulneración de los Derechos Humanos de los ciudadanos.
La sumatoria de los casos admitidos en el municipio local y Llallagua fue de 994 casos que se gestionaron por atentar contra los derechos humanos, de acuerdo al informe entregado por Alarcón.
Ese mismo informe refleja que fueron más las mujeres que se quejaron por la vulneración de sus derechos humanos, seguidos de los niños, adolescentes y adultos mayores en la jurisdicción municipal.
Continúa la violencia
En el campo del derecho a la vida, integridad y seguridad, el informe defensorial da cuenta de que, a pesar de la vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley 348, la situación de violencia no "ha tenido cambios sustanciales en el Departamento, debido a que no se han implementado los mecanismos, medidas y políticas estatales integrales establecidas en la misma norma". Sin embargo, se continuará trabajando.
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