Los padres de familia, tanto afiliados a la Junta de Distrito Escolar, como al Consejo de Educación, expresaron su respaldo al alcalde municipal de Oruro, Edgar Bazán Ortega, y a la secretaria de Desarrollo Humano, Gloria Romano Villegas, acusados por el ministro de Educación, Roberto Aguilar, por haber emitido un decreto que ampliaba por una semana las vacaciones de invierno en la ciudad.
"Cuando estábamos con las autoridades nacionales, indicamos en La Paz que no es ningún delito precautelar la integridad y salud de nuestros hijos, dijimos que más bien tomen otra determinación, porque el pueblo puede asumir otras acciones en vez de calmar, provocarán otras reacciones, porque los orureños vamos a demostrar que estamos unidos y al fin de cuentas no hemos cometido ningún delito, no hay color político sino sólo el bienestar de nuestros hijos", expresó el presidente de la Junta de Distrito Escolar, Miguel Condori.
Del mismo modo, el presidente del Consejo de Educación, Max Chinche informó que fueron ellos los que determinaron también no enviar a sus hijos a clases el 20 de julio hasta el 24, por cuidar la salud de los mismos.
"Sin embargo, el alcalde también emitió una determinación de que no vayan a clases, cuidando la salud de los estudiantes, entonces vamos a tener que respaldar al alcalde", señaló Chinche.
Actualmente la denuncia se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción, por ser en contra de funcionarios públicos y porque uno de los supuestos delitos es por resoluciones contrarias a las leyes.
Luego de conocerse los informes del Servicio Departamental de Salud (Sedes) sobre el incremento de resfríos en Oruro y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), de las bajas temperaturas que se tendría la semana del 20 al 24 de julio, el alcalde Bazán emitió el Decreto Municipal Nº 39, para ampliar las vacaciones escolares en el municipio, sin embargo no fue acatado ni por los maestros ni por los establecimientos educativos particulares.
Antes de este decreto, los padres de familia de los estudiantes de colegios fiscales determinaron no enviar a sus hijos a la escuela, precautelando su salud.
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