Las guarderías sociales se mantienen con las puertas cerradas, en una situación que casis se salió de control, pues cientos de familias que dependían de estos centros integrales, deben sacar a sus niños a las calles, poniéndolos en constante riesgo, en tanto, las instituciones se culpan entre sí por esta situación. Una juez ya inició acciones legales.
Sobre este tema, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social Sedeges, Mery Polo Areco, confirmó que los centros integrales si abrirán, actualmente esperan la reunión con los acaldes para la firma de convenios, además de la aprobación de la ley intrapartidas en la Asamblea, para realizar los movimientos presupuestarios con el fin de reiniciar el trabajo en las guardarías sociales.
Polo, enfatizó que si la Asamblea aprueba en esta semana la ley, “probablemente”, la próxima ya reinicien las actividades en estos centros integrales, aclarando que esta situación depende “exclusivamente” del interés que le pongan los asambleístas departamentales.
De los 380 centros, sólo abrirán aquellos que justifiquen que los niños presentan situación de riesgo y necesidad, serán prioridad, sin dejar de lado aquellos que funcionaban en domicilios particulares, para que se fusionen con los comunitarios.
Advertencia
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Federación de Gremiales, Adriana Romero Ugarte, explicó que su sector es uno de los más afectados por el cierre de estos centros, pues la mayoría de los comerciantes son padres de familia que deben estar casi toda la jornada en las calles, sin tener un lugar donde sus hijos puedan quedarse seguros, refiriendo que no tienen los recursos suficientes para cancelar una guardería privada. “Si bien no nos dan trabajo, es su obligación proporcionar espacios para que dejemos a nuestros hijos”.
Romero, recordó que hace dos meses atrás enviaron cartas a la Asamblea, Gobernación y Alcaldía, para conocer su Plan Operativo Anual POA, con el fin de evaluar el tema de la crisis presupuestaria, cuestionando el salario de los asambleístas, asegurando que si llegan a sumar todos los sueldos, el dinero se va sólo en eso y no en programas que deberían ayudar a la ciudadanía.
En caso de no recibir respuesta de la última carta que fue enviada ayer, los gremiales analizarán las próximas medidas de presión que sean necesarias, para que las madres se sientan seguras al dejar a sus hijos en ambientes apropiados.
Seguimiento
La representante de la Defensoría del Pueblo, Gladys Sandoval Salgado, sobre este tema refirió que en la reunión interinstitucional, donde participaron alrededor de representantes de 20 instituciones, quedaron que el Sedeges debía presentar una nueva propuesta, además de dar a conocer el presupuesto que tiene y cuánto aportará la Gobernación. “La Alcaldía no ha dado un centavo para los centros”.
Criticó que está demorando la propuesta del Sedeges, por ende, buscará a Mery Polo como a los concejales para que le den respuestas.
Incumplimiento
La juez del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital, Mónica Riera Sorich, informó que pidió informes al Concejo, al alcalde, a la Asamblea y al gobernador, para que expliquen del cumplimiento de la Ley 548 referente al trabajo de la institución pública a favor de los menores, recibiendo respuesta sólo de Rodrigo Paz Pereira como de los concejales.
Riera, ante esta situación, presentó una conminatoria al gobernador, Adrián Oliva Alcázar, ante la eminente “vulneración a uno de los derechos constitucionales a los menores de edad”, como es el de la alimentación. “Por ahí escuché que la juez no tiene competencias para llevar el tema, dejo en claro que sí los tengo”.
La juez llamó la atención a Oliva para que “se informe” del tema en caso de que sus colaboradores no le hayan hecho saber.
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