Proyecto de ley obliga a profesores a denunciar presencia de pandillas

Con el objetivo de precautelar por la seguridad de niñas, niños y adolescentes que asisten a las instituciones educativas, el anteproyecto de Ley de Prevención y Lucha contra la Delincuencia Juvenil y las Pandillas Delictivas plantea la sanción administrativa y penal para los maestros, maestras y personal administrativa que no denuncien sobre la problemática al interior del colegio.

El documento, presentado en la Asamblea Legislativa ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados por el Ministro de Gobierno, da cuenta sobre el rol, la responsabilidad y sanciones tanto para el personal de las unidades educativas como padres de familia o tutores.

En la oportunidad, el titular del área, Carlos romero Bonifaz explicó ante el pleno de la comisión la necesidad y el deber que tienen los profesores y administrativos de las escuelas y colegios de promover valores y principios éticos y sociocomunitarios a las y los estudiantes, además de desarrollar acciones educativas preventivas que coadyuven a evitar la incursión de los alumnos en pandillas o actividades delictivas.

Asimismo, se determina que el personal de las unidades educativas tienen la obligación de identificar casos de estudiantes que estén involucrados en actividades delictivas y/o pandillas delictivas, en cuyo caso deberán denunciar ante la División de Lucha Contra las Pandillas Delictivas (a crearse) de la Policía Boliviana o ante el Ministerio Público.

“En caso de evidenciarse negligencia en la atención a la problemática, omisión o encubrimiento, las maestras, maestros o personal administrativo serán pasibles a la sanción administrativa y/o penal correspondiente”, se indica en el anteproyecto de ley.

En ese aspecto, el investigador del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), Juan Yhonny Mollericona, en uno de sus estudios asegura que el ‘bullying’ (acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros) es el escenario propicio para que los estudiantes se unan a pandillas, con el objetivo de buscar un espacio de protección.

“Uno se agrupa en la medida que hay violencia, se une para que lo defiendan, una pandilla representa como un espacio de defensa de su integridad”, señala.

De acuerdo con el estudio, los establecimientos educativos son por lo general el centro de reclutamiento de estos grupos, particularmente a adolescentes que oscilan entre los 12 y 14 años.



RESPONSABILIDAD PATERNA

En el anteproyecto de ley, también se incorpora cuál debe ser la responsabilidad de los padres o tutores con sus hijos, que en todo caso son la piedra fundamental para evitar que se incorporen a grupos o cometan ciertas actividades irregulares. Es así que en el documento se establece sanciones contra los progenitores o los tutores que no cumplan con el rol que les corresponde.

Entre las sanciones está la ‘prestación de servicios comunitarios en programas diseñados por los municipios”. También especifica que deben asistir a ‘terapias y medidas socioeducativas conjuntamente sus hijos que hubiesen sido pasibles a sanciones relacionadas a la pandilla delictiva, sin perjuicio de la responsabilidad civil emergente del hecho.