El año escolar está llegando a su ecuador, sin embargo, apenas ha empezado. Desde que a mediados de marzo se decretara la suspensión de labores escolares hasta la fecha han pasado dos meses y medio, más que el apenas un mes desde que se inició el curso 2020, con carnavales por el medio.
A la fecha no hay visos de un retorno ordenado a las aulas. La pandemia sigue creciendo en todos los departamentos del país, y el invierno se empieza a instalar con fuerza, con lo cual agosto o septiembre serían, en el mejor de los casos, el momento en el que se podría contemplar esta posibilidad siempre que la emergencia médica no se salga de las manos, que es exactamente lo que parece que está sucediendo.
El problema no es tanto que no se tenga una fecha concreta de retorno a clase, que es evidentemente difícil de prever tal y como los responsables médicos y políticos del Gobierno están gestionando la crisis, sino que el Ministerio de Educación eluda su responsabilidad de dar respuestas claras y concretas a las incertidumbres que acogotan a todo el sistema educativo.
El sistema de por sí admite dos vías, la fiscal y la particular, que se sostienen sobre la desigualdad. Una desigualdad que sale a la luz más si cabe en un momento delicado como el actual, aunque seguramente el análisis de las diferentes condiciones de acceso son mucho más complejas que decir simplemente que unos tienen más y otros menos acceso a internet.
Hasta la fecha, el Ministerio sigue enredado en una suerte de indefinición, dando recomendaciones sobre cómo implementar las clases en línea a través de internet, pero sin llegar a atreverse a decir que son obligatorias, puesto que evidentemente no es capaz de garantizar la igualdad entre todos los estudiantes.
El debate de las pensiones se circunscribe a su utilidad, concentrarse en la secundaria parece ser la mejor opción
La cuestión es que en el aire flota la posibilidad de cancelar el curso escolar para todos en todo el país, es decir, un año perdido que tendría unos efectos muy concretos el año que viene en las familias con niños en “pre – kínder” y en las universidades públicas y privadas, que no recibirían nuevos estudiantes, con el posterior efecto que eso mismo tendría en el flujo de acceso al mercado laboral.
La posibilidad de suspender el curso escolar afecta también a las familias que pagan colegios particulares, pues sería un año perdido aunque igualmente cancelado. Las empresas que gestionan colegios particulares tratan a toda costa de no perder sus ingresos, para lo que han ideado un sistema de clases virtuales no del todo validado ni ortodoxo, que igualmente ha generado quejas entre los padres y alumnos, y también entre los profesores. En cualquier caso, no se trata tanto de regular cuotas en función de si se trabaja más o se trabaja menos, que debería ser evidente, sino de tener certezas de que los esfuerzos servirán para algo.
Las teorías pedagógicas y sus expertos lo tienen claro, no se trata de arroz para todos, puesto que la utilidad de una clase virtual para niños de seis años es prácticamente nula – no en la incorporación de la tecnología como herramienta de aprendizaje, sino en el puro contenido que el maestro trata de explicar – ya que tendrá tiempo de incorporar contenidos a lo largo de los siguientes años en primaria así como de perfeccionar las técnicas conforme madure su habilidad motriz, pero sí puede resultar esencial para los alumnos de secundaria, especialmente de los últimos cursos.
La secundaria debería ser la prioridad tanto en primaria como en secundaria. El Gobierno ha tenido dos meses y medio para concentrar los esfuerzos y planificar un acceso universal que es menos imposible de lo que se dice teniendo en cuenta que existen las Quipus, Entel e incluso un satélite al que se le presumía una utilidad en ese sentido.
Bolivia no puede darse el lujo de tirar un curso escolar a la basura y es preciso movilizar todos los recursos y voluntades para garantizar el acceso a la educación de todos también en estas condiciones. No es justo decir que es imposible y quedarse sentado.
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