De esa manera, Henry, integrante de la organización Niños, Niñas, Adolescentes Trabajadores de la Calle, reveló cómo su hermana fue víctima de maltrato en su establecimiento educativo.
Él contó su vivencia ayer en la presentación del estudio elaborado por el Defensor del Pueblo, denominado “Maltrato en escuelas: análisis de reglamentos de faltas y sanciones de unidades educativas”.
Las conclusiones del estudio coinciden con las quejas de Henry. “Los reglamentos de las unidades educativas vulneran con mayor incidencia el derecho a la dignidad y a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes al incurrir en la aplicación de castigos físicos y psicológicos”.
En el acto, la responsable nacional del programa Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia del Defensor del Pueblo, Lidia Rodríguez, informó que durante el estudio se evidenció que la mayoría de los maestros incurren en maltratos físicos y psicológicos.
“La forma de castigo más usual que emplean en las unidades educativas estudiadas los profesores y personal administrativo es el corporal, como palazos en el trasero a los varones, reglazos en las palmas de las manos de las mujeres, jalón de orejas, coscorrones, zarandeo de los cabellos, ponerlos de rodillas frente al pizarrón o golpear la cabeza contra el pupitre”.
Los alumnos también son víctimas de discriminación, especialmente quienes proceden del área rural. Rodríguez relató que encontraron un caso en la ciudad de El Alto en que un niño no fue aceptado porque llegó con abarcas y vestimenta indígena.
“Los alumnos entrevistados refieren también que cuando tienen dificultades en el aprendizaje son objeto de expresiones de desprecio y humillación por parte de sus maestros/as, les gritan, les insultan frente a sus compañeros, remarcan sus defectos, se mofan de sus fallas cuando no pueden expresarse correctamente en el idioma castellano, colocándoles apodos como, por ejemplo, “eres una tonta”, “eres un/a burro/a”, “deberías seguir pasteando ovejas”, “eres inútil”, “no sirves para nada”, “no vuelvas más a mi clase”, “eres ignorante”, “nunca aprenderás nada”, etcétera.
Estas faltas son cometidas tanto por maestros de establecimientos fiscales como de privados. En los primeros priman los castigos corporales y en los segundos, la violencia psicológica.
De acuerdo con el estudio, los profesores se justifican con el argumento de que los reglamentos de faltas y sanciones deben ser cumplidos de manera estricta, sin lugar a explicaciones ni réplicas de los estudiantes. El 40 por ciento considera que los castigos son efectivos.
Pero pese a los argumentos de los profesores, el reporte del Defensor del Pueblo advierte de que esta conducta reñida con los derechos humanos de los niños y adolescentes deja secuelas imborrables.
“Los efectos inmediatos del maltrato se perciben en la clase, cuando pierden la atención, tienen miedo, pierden interés en estudiar, pierden la confianza en sí mismos y se sienten inseguros de poder aprender sus lecciones”.
“La frecuencia cotidiana del castigo a los niños, niñas y adolescentes les produce complejos en su personalidad, su conducta. (Éstos) pueden mostrar una conducta completamente retraída o violenta, reproduciendo la violencia vivida con sus compañeros o con sus hermanos. El deterioro de la salud mental puede llegar a ocasionar depresión, angustia, distanciamiento y malas relaciones con sus docentes”.
Para superar estos problemas, el Defensor del Pueblo elaboró una propuesta de reglamento nacional con enfoque de derechos humanos para las unidades educativas, documento que la defensora del Pueblo en suplencia legal, Rielma Mencias, entregó a Luisa Salas, quien participó en la presentación del estudio, en las oficinas del Defensor, en representación del Ministerio de Educación.
La funcionaria de Educación manifestó que la propuesta será tomada en cuenta y pidió al Defensor del Pueblo trabajar de forma coordinada con el Ministerio para ponerla en marcha en las unidades educativas del país.
Las conclusiones del estudio
Los reglamentos de faltas y sanciones de los establecimientos educativos no son concordantes con las normas de protección vigentes hacia la niñez y adolescencia y con los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro Estado.
Dichos reglamentos no respetan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Vulneran con mayor incidencia el derecho a la dignidad y a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes al incurrir en la aplicación de castigos físicos y psicológicos.
En su mayoría, no son resultado del consenso de la comunidad educativa, por tanto, no recogen el sentir y pensar de los estudiantes y los aportes que puedan dar para su aplicación y seguimiento. Los padres de familia, juntas escolares y alumnos, en su mayoría, desconocen los reglamentos de sus unidades educativas.
Los reglamentos disciplinarios en vigencia no incentivan la práctica de los valores, del respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, es decir, no respetan la normas vigentes de protección a la niñez y adolescencia, por tanto, representan una amenaza real para el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de todos los estudiantes.
La aplicación de castigos por incumplimiento del reglamento lo define muchas veces el docente y/o el regente; en casos de faltas graves, el director y el consejo de maestros toman la determinación de expulsión del alumno; no se considera la opinión de los niños ni de los adolescentes, menos los factores que intervinieron en la manifestación de esa conducta. Tienen un enfoque sancionador y punitivo. Ejemplo: suspenden y expulsan a los alumnos sin darles la oportunidad de ser escuchados.
Los maestros/as se convierten en juez y parte al tomar determinaciones unilaterales, sin considerar la opinión de los niños y/o adolescentes. Ello genera parcialidad y encubrimiento de los hechos de violencia perpetrados contra niños, niñas y adolescentes.
La aplicación arbitraria del castigo a niñas, niños y adolescentes dentro de las unidades educativas deriva en consecuencias negativas para su desarrollo y evolución de sus facultades físicas y psicológicas que les impide alcanzar una emocionalidad y desarrollo sano y óptimo.
Los reglamentos son discriminatorios específicamente en el acceso escolar, por edad, sexo, religión, posición económica y por género.
Los reglamentos no responden al contexto socio-económico y cultural en el que viven los niños, niñas y adolescentes y niegan su identidad cultural.
Los reglamentos contradicen al objetivo de la educación, “enseñanza de calidad y calidez”, al incurrir en la imposición de reglamentos sancionadores que no contribuyen a un mejor aprovechamiento curricular.
Las escuelas son responsables de la protección de sus alumnos. Los niños, niñas y adolescentes no deben perder sus derechos humanos al cruzar la puerta de la escuela. Se debe promover la no-violencia en las escuelas. Todo estudiante tiene derecho a ser tratado dignamente, a que no se efectúen instrucciones indebidas a su intimidad y a que no se le apliquen castigos que le degraden.
Las claves del maltrato escolar, según el Defensor
La práctica del maltrato dentro de la unidades educativas es una flagrante vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, porque daña su dignidad, su integridad física, moral, psicológica y mental. La concepción que manejan las autoridades de la educación sobre la niñez y la adolescencia dentro del sistema educativo está expresada en la negación de su condición de sujeto de derechos con capacidades propias para pensar, sentir y opinar. Por ello la subordinación de los alumnos/as a las relaciones abusivas de poder que son ejercidas por las autoridades de la unidades educativas.
La aplicación del castigo como forma correctiva o disciplinaria en la educación de los niños deriva en consecuencias negativas para su desarrollo y evolución de sus facultades físicas y psíquicas que les impide alcanzar una emocionalidad y desarrollo sano. El mensaje que transmite el castigo físico a la mente de los niños y adolescentes es que la conducta de la violencia es aceptable.
Los efectos inmediatos del maltrato en los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo están expresados en la falta de interés y concentración en sus estudios, bloqueo del aprendizaje, pérdida de confianza en sí mismos y en el profesor/a, inseguridad, complejos en su personalidad que afectan su rendimiento escolar y su conducta y hasta pueden generar una conducta completamente retraída o violenta y reproducir la violencia vivida con sus compañeros o hermanos de su grupo familiar.
“El castigo físico está ligado a daños psicológicos porque humilla, degrada, vulnera su integridad personal y refuerza su percepción de que son inferiores (Save the Children, Suecia, 2003. Castigo físico y cambio de actitudes p. 7). Los efectos que provoca el ser castigado físicamente derivan de manera preocupante en:
• Daño a su autoestima, promueve sentimiento negativo de sí mismo.
• Interfiere en el proceso de aprendizaje, bajo rendimiento escolar.
• Les hace sentir tristeza, miedo, inseguridad, impide su integración social.
• Tendencia a abandonar los estudios.
• Crea un muro o barrera que impide la comunicación con sus padres, docentes, y daña los vínculos emocionales creados.
Las muestras
El análisis del Defensor del Pueblo se realizó en cinco ciudades del país.
Se estudió en La Paz, Cochabamba, Chapare, El Alto y Santa Cruz.
Se tomaron en cuenta 187 reglamentos de colegios fiscales y privados.
Se trabajaron en mesas con directores, estudiantes, profesores y padres.
Fueron consultados 280 estudiantes, excepto de la ciudad de Santa Cruz.
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