A tres semanas de la suspensión de labores educativas en cinco establecimientos de La Asunta, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, manifestó que de continuar las movilizaciones de los cocaleros, los estudiantes corren el riesgo de perder el año escolar sino retornan a clases.
Expuso que las autoridades departamentales realizan un recuento de los días perdidos en las labores educativas perdidos, si sobrepasan un determinado límite y no alcanza el tiempo para cubrir hasta el 22 o 23 de diciembre los 200 días de estudios, sufrirían, un gran perjuicio porque esos niños no podrán pasar de curso.
La autoridad afirmó que existe una responsabilidad como sistema educativo y los maestros, donde no se puede poner una nota por un acto de justificación, el puntaje debe ser sobre la base del rendimiento de los 200 días. En razón de ellos, a los maestros se les pidió elaborar un informe de lo acontecido en las labores educativas.
Se instruyó a los educadores asistir a las unidades educativas pidiendo el envío de las fotos de su actividad docente, además de concluida la clase presentar su informe al director del establecimiento, para evitar cualquier tipo de sanción a los maestros que sea injusta.
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Asimismo, deben preparar actividades complementarias para que al retorno de clases demuestren que continuaron sus labores docentes, en horarios de la tarde, sábados e incluso en algunos casos domingos.
Aguilar detalló que hasta el presente son tres semanas de suspensión de actividades escolares, sumando algunas otras interrupciones y el descanso pedagógico, con lo que el perjuicio sería de alrededor de cinco semanas.
Explicó que el calendario escolar se podría adecuar efectivamente a cinco semanas de suspensión, sin embargo, con otra extensión se sumarian seis semanas, con lo que no existiría ya la posibilidad de retomar las actividades escolares.
“Queremos velar por los niños, que no se perjudiquen y que no sean ellos quienes paguen las consecuencias de una cuestión que es de sus progenitores”, manifestó.
Señaló que los padres de familia no pueden justificar que los niños van a pasar clases por falta de seguridad y que los trasladen a la ciudad para que sean partícipes de las movilizaciones, “usándolos como banderas”.
“El que los padres tengan demanda de conflicto social es parte de sus derechos constitucionales, empero lo que deben reflexionar es el daño causado a sus niños”, manifestó la autoridad gubernamental.
INFORMES
Afirmó que se instruyó al Director Distrital de La Paz presentar informes sobre las condiciones en general en las que están las unidades educativas. Según los la información preliminar, se conoce que existe un clima calmo y que son los padres de familia que no quieren enviar a sus niños al colegio.
La máxima autoridad en Educación detalló que en La Asunta y sus alrededores existen más de 100 unidades educativas, de ellas alrededor de cinco suspendieron sus labores a causa del conflicto de erradicación de cocales en esa región.
Anteriormente, el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, anunció que el tiempo perdido por la comunidad estudiantil de esa región deberá ser recuperado, efectuando una breve modificación en el calendario escolar para el efectivo cumplimiento de los 200 días hábiles que por norma deben cumplir los escolares.
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