El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que su cartera de Estado junto a la de Trabajo analizan un filtro más eficaz para el control de las personas que ofrecen servicios de cuidado de menores, a fin de evitar plagios como el ocurrido la semana pasada con la niña Camila del Colegio Santa Ana, en La Paz, reportó Erbol.
“Estamos reflexionando cómo podemos garantizar, a través del Ministerio de Trabajo, que los sistemas de registro de las personas oferentes de servicios de trabajo doméstico, cuidado de niños en fin, tengan un mayor filtro y un mejor nivel de seguimiento”, manifestó entrevistado en Bolivia TV.
Admitió que el registro declarativo está establecido, “pero hay que fortalecerlo y darle una verdadero funcionalidad hacia la prevención en materia de seguridad ciudadana”.
El Ministerio de Trabajo tiene una Bolsa de Trabajo a través de Internet, donde sugiere al interesado, que si desea que su aviso de Requerimiento de Personal o de Servicios Ofrecidos aparezca en el periódico u otro medio de comunicación, debe apersonarse a sus oficinas.
Avances en seguridad
Romero aseguró que en el último tiempo, en Bolivia se avanzó mucho en la lucha contra la inseguridad ciudadana y dijo que el desafío actual es consolidar el uso de la tecnología en esa tarea.
“Por eso el desafío es dar el salto a la tecnología, años atrás no se sabía en Bolivia de cámaras de vigilancia, GPS en transporte, Policía aérea en Santa Cruz”, dijo citado por ABI.
Hizo referencia a la política de seguridad ciudadana en el país a raíz de dos recientes casos en los que la Policía actuó de manera eficiente.
Uno de ellos el rescate de Camila y la aprehensión de dos de los presuntos secuestradores, además de otro referido a la detención de los supuestos asesinos de una empresaria dedicada a la producción de madera.
Romero manifestó que en el país existe una sensación muy elevada de inseguridad, que según encuestas da cuenta que de cada 10 personas consultadas ocho se sienten inseguras, aunque de esas mismas 10 cuatro hayan sido víctimas de los delincuentes.
“En Bolivia hay sensación de inseguridad prevalente”, apuntó.
No obstante, dijo que la política de seguridad ciudadana que implementa el Gobierno es continua y eficaz, pues en los últimos cinco años se aprobó una veintena de leyes, decretos y reglamentos que son parte del plan integral contra la delincuencia.
Agregó que se impulsó el incremento de uniformados al servicio de la población y en la actualidad existe un policía por cada 287 personas, aunque aún no es el promedio óptimo que llega a ser un efectivo por cada 250 personas.
Romero hizo hincapié en la reducción de los homicidios en los últimos años y dijo que en Bolivia la cifra es 10 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio de Latinoamérica es 27.
Informó también que debido a los controles que se realizan el consumo de bebidas alcohólicas disminuyó en el país y ahora se tiene la cifra de 5,3 litros per cápita.
CÁMARAS SON OBLIGATORIAS
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, recordó ayer que es obligatorio colocar cámaras de vigilancia en unidades educativas y centros de diversión, no sólo para neutralizar la trata de personas y los secuestros, sino también para descubrir el microtráfico de droga.
“Hemos establecido una cláusula en la Ley de Seguridad Ciudadana que obliga a colocar cámaras de vigilancia en unidades educativas y en centros de diversión de jóvenes”, dijo en entrevista con medios estatales.
Explicó que en las unidades educativas fiscales la compra de las cámaras corre por cuenta de las alcaldías y en las particulares por el sistema educativo privado.
Adelantó que en los siguientes días se convocará a los padres de familia y a los miembros del sistema educativo para impulsar la instalación de cámaras.
Puntualizó que la lucha contra la inseguridad ciudadana es una tarea de todos, del Estado y también de la población.
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