“Los que más perdemos en el conflicto -así como los más beneficiados si hubieran medidas acertadas- somos los estudiantes. No nos toman en cuenta ni nos dan espacios para proponer. El plan lanzado no beneficia a todos y abre brechas de desigualdad. Al ver el modelo me sentí triste porque no se pensó en todo el país”, afirmó la representante de las Brigadas de Estudiantiles Contra el Racismo y la Discriminación de El Alto, Ana Carolina Lefonzo.
Ante la emergencia sanitaria, las clases fueron suspendidas hace ya cuatro meses. Pese a los reclamos de condiciones para mantener la educación, no fue hasta el 6 de junio que el Gobierno presentó el Decreto Supremo 4260, que determina la aplicación de la educación virtual, pese a las serias falencias del país.
Padres y maestros rechazan la propuesta, lo que se suma al conflicto de los padres de familia y los colegios particulares por el pago de pensiones. Luego de tres jornadas de diálogo las negociaciones no prosperaron.
“Seis horas y no hay ningún argumento, todos son discursos políticos, ideológicos y partidistas. Si quieren mesas de trabajo acepten el decreto”, manifestó el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
Para los padres el perjuicio a los alumnos es grande y afirman que la actitud de las autoridades no permite llegar a consensos. “Ahora no se conseguirá una solución, sino que el problema se va ahondar más. Cárdenas llama al diálogo pero no permite que los demás hablen. Tuvimos que entrar al diálogo de contrabando porque no quiere hablar con nosotros”, afirmó el presidente de padres de familia de colegios particulares, Antonio Pereira.
Para el dirigente nacional de los maestros rurales, Gabriel Bonifacio, hay un gran perjuicio para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de inicial y primaria, igual que para la adquisición de saberes para los de secundaria.
“El Gobierno habla de educación virtual, pero no del cómo implementarla, de quién asume la inversión, qué hacemos con los que no pueden acceder o cómo trabajamos de forma mancomunada, maestros, padres, estudiantes, administrativos, distritales, etc.”, sostuvo.
Las protestas podrían masificarse en los próximos días.
Desigualdades y deserción
Según la encuesta de nuevas tecnologías de la Agetic, en el país sólo el 73% de la población mayor de 14 años tiene acceso a internet, el 62% de ellos se concentran en las ciudades capitales. El 21% están localizados en las poblaciones intermedias y el 17% en las áreas rurales.
Además, el 42% de la población cuenta con una computadora. La gran mayoría de quienes acceden a internet lo hacen por medio de su teléfono celular porque un 10% cuenta con internet fijo. En el área rural el 18% cuenta con una computadora y el 3% cuenta con internet fijo.
Esta situación abre brechas enormes entre los 2.923.527 de niñas, niños y adolescentes matriculados. Crea mayor división y exclusión entre el área rural y urbana, colegios particulares y privados, de género, de condición económicas y sociales.
“Estamos muy preocupados porque la situación de todos es diferente. Hemos levantado una encuesta de la asistencia de los estudiantes. En cursos con un promedio de 30 alumnos, solo asisten 18. Los otros 12 han dejado las clases virtuales porque no pueden pagar los megas, porque sus familias necesitan ingresos o porque no aprenden”, explicó el ejecutivo de la Federación de estudiantes de Secundaria de El Alto, Joel Charca.
Sus estimaciones se acercan a las de Unicef, que señala que cuatro de cada 10 estudiantes del sistema estatal o privado no pasan clases en ninguna plataforma. Se advirtió la dificultad para conseguir tarjetas telefónicas.
Bonifacio manifestó que es posible salvar la situación. Dijo que debe haber una dosificación de la currícula en tiempo y materia para los tiempos de pandemia.
“Tenemos un plan operativo técnico, pero las autoridades no quieren escuchar. Urge pensar cómo le ayudamos a los niños y niñas de nivel inicial en el desarrollo cognitivo que se ha visto truncado y cómo trabajamos con los de secundaria para que no rompan la cadena de aprendizaje. La propuesta de cero aplazos es irresponsable, nunca se planteo lo importante”, afirmó.
Padres y profesores piden la aprobación del DS 4260.
CBDE: Hay vulneración de los derechos
“¿Quiénes son los que pierden en este conflicto? Las y los estudiantes de todo el país, sobre todo los de comunidades alejadas que no tienen conexión digital, las familias de escasos recursos que luchan por llevar el sustento diario. Estudiantes con discapacidad, etc.” señaló la responsable del fortalecimiento de Organizaciones Estudiantiles de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), Jully Calle.
Sostuvo que las organizaciones estudiantiles refieren que no existen -o no se logró implementar- las condiciones adecuadas para tener clases virtuales para todas las poblaciones. Además, las y los maestros no están capacitados en el uso de plataformas y, por otro lado, se quiere compensar el avance con una sobrecarga de tareas que no asegura la calidad educativa.
“Hay la necesidad de contar con acciones de denuncia ante estas situaciones y por otro lado posicionarlo como un tema prioritario de trabajo para el Estado”, afirmó Calle.
Indicó que en algunos lugares las clases virtuales no se están implementando, como en el caso de Cobija, donde estarían suspendidas por la falta de reglamentación y condiciones que las maestras y maestros exigen. Se debe recordar las limitaciones debido al contexto.
Calle advirtió que se vulneró el derecho a la participación de los estudiantes en los diálogos con autoridades. Piden escuchar a sus federaciones y gobiernos estudiantiles que están continuando su mandato, ya que no pudo realizar nuevas elecciones por la emergencia sanitaria.
“Además se está vulnerando el derecho a la protección frente la violencia que continua suscitándose en espacios cercanos, como ser violencia sexual en la familia, de violencia en pareja en medios virtuales, además de situaciones de maltrato familiar -en algunos casos- por la situación económica familiar y el estrés ante la pandemia”, apuntó.
Gobierno y magisterio en el diálogo.
Las clases virtuales son un problema para docentes y estudiantes de toda la región
Según datos de la Unesco, desde el 10 de marzo hasta el 1 de julio de 2020, 30 países de América Latina y el Caribe procedieron al cierre de las escuelas para evitar la propagación del coronavirus. Eso implica que en toda la región un total de 165.754.664 estudiantes de inicial, primaria y secundaria vieron interrumpida su educación.
Diferentes instituciones internacionales señalan esto ocurre en un momento en el que hay una situación muy grande de exclusión y de desigualdad. Esto debido a que muchos de los hogares no cuentan con acceso a internet para mantener el funcionamiento de los procesos educativos.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA), para el 2018 -en toda la región- el 79% de los estudiantes de 15 años tenía acceso a internet mayormente por celular, el 61% a un computador y el 30% a un software educativo.
Se suma los grandes desafíos para docentes, alumnos y padres que tienen que acomodarse de un día para otro a un entorno bastante nuevo. Si bien durante mucho tiempo se habló de la implementación de softwares educativos, todavía su uso es muy bajo.
Cabe resaltar que ningún país se encontraba preparado para afrontar una situación de esta naturaleza.
Emergencia sanitaria
El 10 de marzo Bolivia confirmó los dos primeros casos de personas infectadas con Covid-19. Días después se decretó un una cuarentena que cerró todo centro educativo.
Oruro Fue el primer departamento en confirmar un contagio, el 10 de marzo. De inmediato sus autoridades decidieron armar un cerco epidemiológico y para el día siguiente se ordeno la suspensión de clases.
Bolivia Dos días después, el 12 de marzo, la presidenta Añez anunció la suspensión de las labores educativas en todo el país. El año escolar, que apenas había comenzado un mes antes, fue interrumpido.
Virtual Universidades y colegios optaron por la educación virtual. Sin embargo, semanas después se pidió su suspensión por la falta de acceso de muchos estudiantes.
Pago Para abril los padres de familia de los colegios particulares denunciaban el cobro de pensiones sin que se haya pasado clases, exigieron un descuento y la dotación de internet.
Decreto El 6 de junio el ministro de Educación presentó el reglamento para la educación virtual y anunció que por el momento no se retomará la enseñanza presencial. Descartó el despido de educadores.
Aplazos El 12 de julio Cárdenas anunció que ningún alumno sería reprobado. Hubo gran rechazo y los maestros se movilizan exigiendo la anulación del decreto de educación virtual.
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