Una sala del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió ayer dejar sin efecto una resolución del gobierno nacional que dispuso la clausura del año escolar, adoptada con el argumento de evitar riesgos de contagios de Covid-19 entre los estudiantes y por tanto también entre padres de familia.
De inmediato, el Ministerio de Educación respondió que la resolución contiene serias contradicciones y ambigüedades, y que tendrá que ser revisada por el Tribunal Constitucional.
Ese despacho denunció que la acción popular aceptada por la sala de la justicia de La Paz tiene un trasfondo político porque quien emitió la resolución fue autoridad designada por el ex hombre fuerte del MAS, Héctor Arce Zaconeta, en cargos como subprocurador, director de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados y asesor de la Vicepresidencia.
Además, sostiene el Ministerio de Educación, que el caso tuvo como interesado directo a un abogado que fue director jurídico del ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, y que ahora es abogado de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, identificada notoriamente con los intereses políticos del Movimiento al Socialismo.
Con esos antecedentes, parece quedar claro que, al margen de las argumentaciones, entendibles o no, de la Sala Primera del Tribunal de Justicia, la decisión de anular la clausura del año escolar tiene una raíz de interés político en el marco del permanente acoso al que ha sometido el MAS desde la Asamblea Legislativa, y ahora desde la Justicia, contra el gobierno de Jeanine Áñez.
Ambos, MAS y Áñez son actores de una campaña electoral que comienza a cobrar fuerza y que concluirá el 18 de octubre con la elección de nuevo presidente del país.
Esta nueva acción del MAS tiene como contexto general un conjunto de iniciativas políticas que ese partido ha adoptado en los últimos meses, después de un corto silencio tras el vergonzoso fraude del 20 de octubre que favoreció a su candidato Evo Morales, para desestabilizar el país con bloqueos, normas legislativas que rayan en lo absurdo porque están motivas únicamente en el interés partidario y ahora utiliza la educación como un nuevo patio para el peloteo político electoral.
El gobierno tampoco acertó al declarar la clausura del año escolar, porque no había riesgo de contagios en un sistema educativo que forzado por la pandemia no era presencial y trataba de desarrollar actividades a distancia -o al menos debió intentar- aprovechando las mayores condiciones actuales de conectividad por internet y los medios tradicionales como la radio y la televisión.
Pero pudo más la presión de un magisterio hostil a la adopción de nuevas tecnologías, y con ese argumento torció fácilmente el brazo del Ministerio de Educación.
La suma de las acciones del poder político nacional permite concluir que el interés de más de dos millones de estudiantes de primaria y secundaria están lejos de los afanes del MAS y de Juntos en el actual Gobierno. En el medio, están millones de estudiantes que como en un partido de tenis miran a un lado y otro siguiendo el recorrido de la pelota electoral que ahora juega con la educación.
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