Las estadísticas de esa institución muestran también que durante el año 2018 se presentaron cinco casos nuevos, los cuales también siguen su curso legal en la justicia ordinaria, pero también por el Tribunal Disciplinario interno.
El director de la DDE, Eudal Tejerina, sostiene que los casos se presentan de manera indistinta en el área rural como en la urbana, pues no se trata de una tendencia marcada en alguna de ellas.
“Es un tema bien complicado, que a partir de la identificación del acusado hay que actuar -comentó la autoridad – Activar todos los procedimientos significa someterlo al maestro a un proceso penal como a un proceso disciplinario interno que se debe abrir considerando los elementos que se tiene para definir la responsabilidad, o si no hay elementos suficientes, absolverlos”.
Los decretos 1302 y 1320, que fueron lanzados en agosto de 2012, permiten al Ministerio del rubro asumir la responsabilidad de tomar ciertos recaudos para tratar de erradicar la violencia sexual dentro de las unidades educativas. Según detalla, este tipo de hechos implican procesos penales en el que el encargado de hacer la investigación es el Ministerio Público, los promotores de la denuncia son las defensorías de la Niñez y Adolescencia.
Es así que el Ministerio de Educación hace la figura de tercer coadyuvante, es decir, que se puede presentar en cualquier etapa del proceso, proponiendo algún tipo de prueba adicional, demostrando su competencia o el daño que se le ocasiona.
La postura de la ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana (Fedeteut), Roxana Quesada, es que su gremio no meterá las manos al fuego por aquellos colegas que cometieron el delito, pero sí exigen que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos de nadie.
La dirigente indica que sin previa investigación sus colegas son conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) o directamente al penal de Morros Blancos, solo por una simple denuncia.
“Debe existir una previa investigación, mientras tanto el profesor puede tener una detención domiciliaria hasta que se compruebe el caso -comentó Quesada- la Justicia hace con todos una investigación y da medidas sustitutivas mientras no se compruebe el caso, pero con los maestros tienen otro trato, hasta lo sacan de su cargo y ponen ese ítem a disposición, con eso más los profesores no tienen ni recursos para poder defenderse”.
Según los decretos mencionados, cuando existe un maestro que incurre en estos delitos, como medida de seguridad para el o la estudiante, el maestro queda suspendido mediante rótulo preventivo o definitivo. El rótulo preventivo es cuando el maestro está imputado formalmente y una vez terminada la investigación, si hay sentencia, pasa a ser observado definitivamente.
Más de 250 maestros fueron imputados por la Fiscalía
Hasta septiembre del 2018, en todo el país más de 250 maestros fueron imputados ante el Ministerio Público por violencia sexual contra estudiantes, según el ministro de Educación, Roberto Aguilar. Los educadores acusados fueron suspendidos de los colegios donde cometieron el delito. A pesar de que se aprobó el Decreto Supremo (1302) aún se dan estos casos de violencia sexual en los establecimientos educativos.
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