Sin dar una explicación clara de cómo se financiará este tipo de clases, el ministerio de Educación presentó la plataforma de educación virtual para los ciclos primaria y secundaria. A esta plataforma podrán ingresar los maestros y alumnos y seguir las clases virtuales. El ministro del ramo, Víctor Hugo Cárdenas dijo que la modalidad a distancia, aun se está preparando.
“Con esto estamos modernizando el país, que es lo que hemos prometido a comienzos de año para apoyar a docentes, estudiantes y padres de familia, de que si no hay clases presenciales hagamos educación virtual en colegios fiscales, privados y de convenio”, dijo la autoridad, aunque no explicó cómo será el financiamiento de este sistema.
La propuesta fue lanzada después de ocho días hábiles que le dio la Sala Constitucional Primera de La Paz al Gobierno para que presente una política de retorno a clases. El gobierno pidió la aclaración y enmienda de ese fallo constitucional; esa resolución se conoció el 19 de agosto pasado.
Los maestros que lograron escuchar la explicación del ministro dijeron que ellos apelaron a este sistema de educación virtual desde las computadoras que entregó el anterior gobierno, pero que el pago del internet está siendo costeado desde sus bolsillos.
Indicaron también que el problema es peor en las áreas rurales donde pueden tener la computadora, pero no hay servicio de internet. Además agregaron que, al dar por clausurado el año escolar, los maestros de provincias se replegaron a sus comunidades y todo está abandonado.
Cárdenas dijo que, en el caso de la etapa escolar, el gobierno municipal de La Paz subió a la plataforma las materias troncales para los niños y niñas en el "mochizebra", que puede ser utilizado por los profesores para que continúen la educación a través de la forma virtual. “Pero, ¿quién nos paga el internet?”, cuestionaron los maestros.
El ministro afirmó que algunos municipios ya mostraron el interés de correr con los gastos del pago de internet, aunque no mencionó cuáles. En la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) afirmaron que ese tipo de gastos debe ser con un presupuesto añadido, porque el Covid-19 dejó vacías las arcas de los gobiernos ediles.
La autoridad de Educación aseguró que las universidades, institutos y escuelas superiores ya recurrieron a este tipo de enseñanza para seguir los estudios. Pero no mencionó el gasto en el que están incurriendo las familias y los docentes por el servicio de internet principalmente.
30.8.20
Maestros de Tarija esperan diálogo, desconocen si despidos serán revertidos
La ejecutiva departamental del Magisterio Urbano de Tarija, Roxana Quesada, lamentó la incongruencia por parte del Gobierno nacional al clausurar el año escolar el pasado 2 de agosto y este miércoles cancelar esta decisión por una acción popular presentada por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) e informó que se encuentran a la espera de diálogo con el Gobierno
"Acudimos a la justicia porque esta acción popular era la única que iba a abrir un camino para la educación. El Ministerio de Educación ha querido solucionar el conflicto a su manera. Él tenía que iniciar un diálogo con los maestros pero no lo hizo", explicó.
Sin embargo, hay consecuencias irreparables respecto al despido o "renuncias voluntarias" que se establecieron en los colegios particulares de Tarija. Muchos profesores, personal educativo y administrativo quedaron sin empleo. Por otra parte, aquellos que renunciaron con el compromiso de un "posible recontrato el próximo año" perdieron sus beneficios por los años de servicio.
Los padres de familia formaron grupos de apoyo para los estudiantes y de esta manera continuar con el avance académico de la curricula nacional, pero este privilegio sólo lo tuvieron aquellos que podían continuar con pagos a los profesores. Por otro lado, un grupo de maestros se brindó de manera solidaria a aportar con horas de trabajo para apoyar a los estudiantes.
"Se ha precipitado un poco. Legalmente este fallo constitucional debe ir al Tribunal Constitucional y en el plazo de 60 días recien dará el fallo total. Eso va a requerir más tiempo y la acción inmediata es el diálogo porque se dieron 10 días para reiniar el diálogo", explicó Quesada.
29.8.20
26.8.20
Senado aprueba ley que obliga a continuar con la educación virtual y el pago del Bono Juancito Pinto
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que garantiza la continuidad de la educación inicial, primaria y secundaria en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, así como en las universidades de todo el país.
La norma establece que se debe continuar con las clases de manera virtual hasta finalizada la declaratoria de cuarentena en todas sus modalidades.
La norma establece que se debe continuar con las clases de manera virtual hasta finalizada la declaratoria de cuarentena en todas sus modalidades.
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Clases Virtuales
25.8.20
Peloteo con la educación
La educación constituye la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado solo en la Constitución Política, porque en la realidad, fuera de la teoría, no le interesa a la clase política, que ahora juega con ella como un proyectil más de la guerra absurda entre partidos que le hace mal al país y que ya está llegando a niveles realmente deplorables.
Una sala del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió ayer dejar sin efecto una resolución del gobierno nacional que dispuso la clausura del año escolar, adoptada con el argumento de evitar riesgos de contagios de Covid-19 entre los estudiantes y por tanto también entre padres de familia.
De inmediato, el Ministerio de Educación respondió que la resolución contiene serias contradicciones y ambigüedades, y que tendrá que ser revisada por el Tribunal Constitucional.
Ese despacho denunció que la acción popular aceptada por la sala de la justicia de La Paz tiene un trasfondo político porque quien emitió la resolución fue autoridad designada por el ex hombre fuerte del MAS, Héctor Arce Zaconeta, en cargos como subprocurador, director de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados y asesor de la Vicepresidencia.
Además, sostiene el Ministerio de Educación, que el caso tuvo como interesado directo a un abogado que fue director jurídico del ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, y que ahora es abogado de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, identificada notoriamente con los intereses políticos del Movimiento al Socialismo.
Con esos antecedentes, parece quedar claro que, al margen de las argumentaciones, entendibles o no, de la Sala Primera del Tribunal de Justicia, la decisión de anular la clausura del año escolar tiene una raíz de interés político en el marco del permanente acoso al que ha sometido el MAS desde la Asamblea Legislativa, y ahora desde la Justicia, contra el gobierno de Jeanine Áñez.
Ambos, MAS y Áñez son actores de una campaña electoral que comienza a cobrar fuerza y que concluirá el 18 de octubre con la elección de nuevo presidente del país.
Esta nueva acción del MAS tiene como contexto general un conjunto de iniciativas políticas que ese partido ha adoptado en los últimos meses, después de un corto silencio tras el vergonzoso fraude del 20 de octubre que favoreció a su candidato Evo Morales, para desestabilizar el país con bloqueos, normas legislativas que rayan en lo absurdo porque están motivas únicamente en el interés partidario y ahora utiliza la educación como un nuevo patio para el peloteo político electoral.
El gobierno tampoco acertó al declarar la clausura del año escolar, porque no había riesgo de contagios en un sistema educativo que forzado por la pandemia no era presencial y trataba de desarrollar actividades a distancia -o al menos debió intentar- aprovechando las mayores condiciones actuales de conectividad por internet y los medios tradicionales como la radio y la televisión.
Pero pudo más la presión de un magisterio hostil a la adopción de nuevas tecnologías, y con ese argumento torció fácilmente el brazo del Ministerio de Educación.
La suma de las acciones del poder político nacional permite concluir que el interés de más de dos millones de estudiantes de primaria y secundaria están lejos de los afanes del MAS y de Juntos en el actual Gobierno. En el medio, están millones de estudiantes que como en un partido de tenis miran a un lado y otro siguiendo el recorrido de la pelota electoral que ahora juega con la educación.
Una sala del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió ayer dejar sin efecto una resolución del gobierno nacional que dispuso la clausura del año escolar, adoptada con el argumento de evitar riesgos de contagios de Covid-19 entre los estudiantes y por tanto también entre padres de familia.
De inmediato, el Ministerio de Educación respondió que la resolución contiene serias contradicciones y ambigüedades, y que tendrá que ser revisada por el Tribunal Constitucional.
Ese despacho denunció que la acción popular aceptada por la sala de la justicia de La Paz tiene un trasfondo político porque quien emitió la resolución fue autoridad designada por el ex hombre fuerte del MAS, Héctor Arce Zaconeta, en cargos como subprocurador, director de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados y asesor de la Vicepresidencia.
Además, sostiene el Ministerio de Educación, que el caso tuvo como interesado directo a un abogado que fue director jurídico del ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, y que ahora es abogado de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, identificada notoriamente con los intereses políticos del Movimiento al Socialismo.
Con esos antecedentes, parece quedar claro que, al margen de las argumentaciones, entendibles o no, de la Sala Primera del Tribunal de Justicia, la decisión de anular la clausura del año escolar tiene una raíz de interés político en el marco del permanente acoso al que ha sometido el MAS desde la Asamblea Legislativa, y ahora desde la Justicia, contra el gobierno de Jeanine Áñez.
Ambos, MAS y Áñez son actores de una campaña electoral que comienza a cobrar fuerza y que concluirá el 18 de octubre con la elección de nuevo presidente del país.
Esta nueva acción del MAS tiene como contexto general un conjunto de iniciativas políticas que ese partido ha adoptado en los últimos meses, después de un corto silencio tras el vergonzoso fraude del 20 de octubre que favoreció a su candidato Evo Morales, para desestabilizar el país con bloqueos, normas legislativas que rayan en lo absurdo porque están motivas únicamente en el interés partidario y ahora utiliza la educación como un nuevo patio para el peloteo político electoral.
El gobierno tampoco acertó al declarar la clausura del año escolar, porque no había riesgo de contagios en un sistema educativo que forzado por la pandemia no era presencial y trataba de desarrollar actividades a distancia -o al menos debió intentar- aprovechando las mayores condiciones actuales de conectividad por internet y los medios tradicionales como la radio y la televisión.
Pero pudo más la presión de un magisterio hostil a la adopción de nuevas tecnologías, y con ese argumento torció fácilmente el brazo del Ministerio de Educación.
La suma de las acciones del poder político nacional permite concluir que el interés de más de dos millones de estudiantes de primaria y secundaria están lejos de los afanes del MAS y de Juntos en el actual Gobierno. En el medio, están millones de estudiantes que como en un partido de tenis miran a un lado y otro siguiendo el recorrido de la pelota electoral que ahora juega con la educación.
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