Tarija, tercer departamento con más violencia sexual en colegios

Las cifras de casos de violencia sexual en colegios van en ascenso. Datos del Ministerio de Educación muestran que Tarija es el tercer departamento donde se dan más hechos de esta índole en términos netos.

La página web de esta institución da cuenta que en los últimos seis años se registraron 233 casos sobre violencia sexual en diferentes ámbitos. Se reportaron 103 en La Paz, 42 en Cochabamba, 27 en Tarija, 14 en Santa Cruz, 18 en Oruro, diez en Potosí, siete en Beni y cuatro en Pando.
Sin embargo, en los últimos días, la cifra de Tarija ascendió de 27 a 29, hasta el 29 de mayo del 2017. La incidencia es mayor en el área rural, pero también se registran casos en la parte urbana.
En Bolivia se reciben, en promedio, 250 denuncias dentro de unidades educativas referidas a violencia y de otra índole; de estás, entre 20 y 25 específicamente hacen referencia a la violencia sexual. Se reciben aproximadamente dos denuncias por mes.
De los datos del departamento, la consultora del Ministerio de Educación, Alejandra Ramírez, reveló que siete maestros ya recibieron sentencia ejecutoriada. Los demás están en proceso, aunque también dijo que hay donde los profesores esperaron todos sus procesos y salieron absueltos, otros sobreseídos, pues no hubo los suficientes indicios para sostener una acusación del menor de edad.
La funcionaria explicó que conforme a los Decretos Supremos, 1302 y 1320, como medida de protección y seguridad hacia la víctima, a raíz de una imputación formal, el sistema educativo suspende al profesor acusado hasta que dure su proceso penal.
En caso de haber sentencia condenatoria, ya no pueden volver a ser maestros. En caso de resolución de rechazo o de sobreseimiento, el Ministerio de Educación los restituye a su trabajo, y les devuelve todos sus haberes devengados.
La ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Tarija (Fedetert), Teresa López, manifestó que no están en contra de los procesos a los que cometieron esos delitos, pero por otra parte dijo que existe una preocupación porque hay acusaciones falsas.
“Hay casos en que los estudiantes acusan a los profesores porque obtuvieron una nota de reprobación, por miedo a la familia van a sus casas a decir que me ha acosado, me ha friccionado, me ha tocado, en ese caso estamos muy apenados, porque son acusaciones sin fundamento y sin pruebas-sostuvo- Al profesor se lo está viendo como un delincuente y después se demuestra que no es verdad, pero ya lo sacaron del sistema, su familia fue afectada. Además que los juicios tardan bastante”.
En ese sentido, la dirigente manifestó que realizarán las representaciones ante las instancias correspondientes, esperan que su ente matriz apoye esta iniciativa. Reiteró que casos que sí son verdad, como federación no meterán las manos al fuego por ellos, pero otros también son acusados injustamente.
Ramírez por su parte explicó que no están en contra de los profesores ni para sancionarles por una conducta que no hayan cometido. Su tarea es aportar pruebas y hacer seguimiento del proceso, para que se maneje correctamente y se cumplan con los plazos establecidos.

Dos decretos obligan a las autoridades a denunciar

Para consolidar el proceso jurídico el Decreto Supremo 1302, que fue corregido y complementado por el Decreto Supremo 1320, que modifica y determina que “los delitos de violencia sexual se constituyen dentro del contexto educativo en una obligatoria reacción de parte del Ministerio de Educación, Director Departamental, Director Distrital y Director de la unidad educativa. Pasan de observadores a asumir acciones ni bien tomen conocimiento de los casos.