En 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se confiscaron los aportes del magisterio nacional, al ex Fondo Complementario, que ascienden a 181 millones de bolivianos, además de 32 inmuebles en todo el país, amparados en la Ley 1732.
El 25 de octubre del 2006, el Gobierno firmó un convenio interinstitucional, con las tres confederaciones del magisterio, urbano, rural y jubilados, para que se pueda realizar la devolución de estos recursos, lo que hasta la fecha no se efectivizó, puesto que el Órgano Ejecutivo puso varias objeciones, así como querer fiscalizar el uso que se dé a estos montos.
En una asamblea de la federación, el ejecutivo nacional de la Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia por el occidente, Renato Cortez Miranda, informó que el Tribunal Constitucional en pasadas fechas, emitió una sentencia determinando la legitimidad que tienen estos recursos y que deben pasar a la administración del magisterio.
"La sentencia reconoce fundamentalmente que esos dineros son derecho propietario privado del magisterio nacional, por otra parte reconoce que los inmuebles es producto de nuestros aportes, por lo que el Gobierno no debe cobrar para su devolución, y que la disposición, el uso de esos dineros es de libre albedrío de sus dueños, que en este caso son los maestros", informó Cortez.
Aclaró que los más de 181 millones de bolivianos, serán destinados para retomar el pago del bono de cesantía y la cuota mortuoria, que fueron paralizados en pasadas gestiones.
Pidió al Gobierno que se reúnan para replantear las condiciones de la devolución de los montos como de las infraestructuras, de no existir una respuesta positiva después de esta sentencia, el magisterio, nuevamente se movilizaría para solicitar algo que ahora está confirmado, remarcó Cortez.
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