Luego de que las autoridades educativas dieron las garantías para iniciar la jornada en el colegio con la presencia de las alumnas, por cuarto día consecutivo el escenario se tornó conflictivo y sin indicios de solución.
La Oficina Jurídica de la Mujer anunció un proceso penal contra seis padres de familia por discriminación contra las alumnas que cursan el tercero de secundaria (antes, primero de secundaria). También podrían ser sindicados maestros y alumnos.
La Dirección Departamental de Educación investiga si existen maestros que instigan al rechazo de las jovencitas para iniciar procesos administrativos.
La mañana de ayer, las 10 estudiantes llegaron al colegio, entraron solas bajo la mirada vigilante de sus progenitores, pero al ver a padres de familia en la puerta, retrocedieron y esperaron a las autoridades. La presencia de policías antimotines en la puerta alarmó a algunas madres.
Con la llegada de las autoridades de la Defensoría y de Educación, las jóvenes ingresaron a sus aulas en medio de un cordón realizado por funcionarios ediles.
Temerosas y apretujadas, las alumnas entraron al aula donde las clases ya habían iniciado, tomaron sus ubicaciones y a pocos minutos, padres de familia y estudiantes gritaron desde afuera: “¡salgan!, ¡salgan!”. Las autoridades, que continuaban en el aula, trataron de impedir el ingreso de los apoderados y empezaron los empujones en la puerta.
Los estudiantes varones salieron del aula abriéndose paso hasta por las ventanas; sin embargo, uno se quedó y dijo que le parecía “absurdo” el conflicto.
“Me parece muy mal esa actitud, nos estamos haciendo ver mal. ‘Son machistas’ nos están diciendo, que entren nomás porque nos critica la gente”, dijo el muchacho y las 10 jóvenes lo aplaudieron.
Los demás estudiantes, al ver que el último alumno no salía de la clase, le hicieron señas pasando las manos por sus cuellos y se dirigieron hacia las canchas.
Otras medidas
“Nosotros, como padres de familia, hemos garantizado el ingreso y permanencia de esas alumnas... han ingresado, pero como padres tenemos todo el derecho de retirarnos para tomar otras medidas”, dijo un progenitor que se opone a la presencia de las jovencitas en el ex liceo.
Luego de una confrontación verbal entre padres y alumnos contra autoridades educativas y de la Defensoría, los estudiantes entonaron a viva voz el himno a su colegio, y gritando “vivas” abandonaron el colegio para emprender una marcha por la plaza principal 14 de septiembre.
Marcha
La protesta estuvo encabezada por alrededor de 200 madres de familia, seguidas de los estudiantes, y al final estaba un reducido grupo de padres.
En su larga espera de retomar las clases, las jovencitas formaron un círculo de plática con el único compañero que se quedó con ellas. Y mientras charlaban escuchaban música y jugaban.
Al llegar el mediodía, abandonaron el colegio con el mismo resguardo de los funcionarios ediles; afuera estaba la Policía antimotines. “Voy a continuar aquí, no hice nada malo y estoy en mi derecho. Lo que me sorprende es que son más mamás las que no nos quieren aquí”, dijo una de las alumnas.
No se dará un paso atrás
Debido al ambiente tenso generado ayer, el director departamental de Educación de Cochabamba, Jorge Ponce; el director distrital de Cercado I, Nicolás Siles, y la representante de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, determinaron ratificar la decisión de mantener a las 10 estudiantes en el colegio.
“La determinación es que no se da un paso atrás”, enfatizó Ponce.
Se decidió pedir al Ministerio de Educación la suspensión de clases en tanto no se tengan garantías; sin embargo, esta posición fue descartada luego de otra reunión interinstitucional. “Mañana (hoy) vamos a hacer todo el esfuerzo para reanudar las clases; los padres de familia no son los que deciden las cuestiones administrativas”, dijo el director distrital de Cercado I.
Los padres de familia que se oponen al ingreso de las estudiantes dicen que es porque ellas no hicieron fila para inscribirse. Dicen que fueron inscritas por imposición de las autoridades educativas.
Ponce informó que se investiga la participación de maestros y estudiantes. “A los maestros se les podría iniciar un proceso administrativo si se identifica alguna actitud de incitación”, dijo la autoridad, y luego explicó que en el caso de padres de familia será el Ministerio Público el que tomará las acciones. Respecto a los alumnos, corresponde al director del establecimiento o al director distrital restablecer el orden.
En caso de que los jóvenes rebasen la autoridad, el caso será derivado a la Defensoría de la Niñez.
El colegio Bolívar tiene 99 años de existencia. Hasta este año sólo acogía a varones. Hay alrededor de 500 alumnos entre su población estudiantil.
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