La información la hizo conocer Antonio Quiroz, responsable de esa unidad dependiente del Ministerio de Trabajo, luego de explicar los contenidos de la norma aprobada en el Gobierno del presidente David Padilla Arancibia.
La autoridad comentó que anualmente los dueños de los establecimientos privados y los responsables de los públicos deben hacer llegar un plan de seguridad y primeros auxilios.
“Hay una disposición para que todos los dueños y responsables de establecimientos educativos den a conocer el cronograma de simulacros”, precisó.
Dijo que el artículo 100 de la ley determina que cada año las instituciones públicas deben realizar “simulacros de evacuación en casos de incendio”. Asimismo, el artículo 3 de la mencionada ley (en su parágrafo 3) establece que la norma se aplica en los recintos donde desempeñan actividades educativas los alumnos que estén “bajo contrato de aprendizaje o práctica educacional”.
Tras constatar la baja incidencia de la normativa en los establecimientos, el Ministerio de Trabajo anunció el inicio de una estrategia.
“Vamos a incentivar e inducir al cumplimiento de la norma en los centros de enseñanza de que es necesario formar a los niños y jóvenes en la seguridad ocupacional, que es parte de su seguridad integral; enseñarle cómo debe evacuar”, anticipó la autoridad.
“Los accidentes que se producen en los colegios no son declarados, eso debe realizarse; todo estudiante que sufre un accidente debe ser reportado al Ministerio de Trabajo”, señaló.
Algunos maestros consultados por este medio ratificaron que la norma “casi no se cumple”, por falta de insumos y apoyo de autoridades.
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