Los padres de familia denunciaron ayer que en algunos establecimientos educativos privados se incrementaron las pensiones hasta en 30 por ciento y que se siguen exigiendo exámenes de admisión, pese a que la normativa del Ministerio de Educación instruye lo contrario.
El presidente de la Junta Escolar de colegios privados, José Antonio Pereira, informó que en el segundo día de inscripción escolar, su organización realizó un recorrido por nueve establecimientos privados, en los que encontraron irregularidades como: cobros excesivos de pensiones, reservas de plazas, exámenes de admisión, compras dirigidas de material escolar y uniformes, entre otros problemas.
Pereira detalló a La Prensa que, por ejemplo, en el colegio San Calixto, las reservas por un cupo para el primero de primaria se realizaron en 2010 y, para que el alumno tenga derecho a esa plaza, debía pasar un examen. “Eso parece un acto de discriminación y la normativa claramente prohíbe esas anomalías”.
El viceministro de Educación Regular, Iván Villa, comentó que ningún colegio puede exigir buenas calificaciones para el ingreso de los estudiantes. “Es un tema que será sancionado porque es un acto de discriminación, y si nos damos cuenta, no sólo tiene que ver con el tema educativo, esa denuncia se pueden traducir en una demanda judicial”.
El artículo segundo de la Resolución Ministerial 010/2011, sobre las normas generales para el funcionamiento de la educación regular, indica que “están prohibidos los exámenes de ingreso previos a la inscripción de nuevos estudiantes en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio”; sin embargo, pese a la norma, muchos de los colegios privados incumplen sus obligaciones.
El también directivo de la Junta Nacional de Padres de Familia comentó que en el colegio Santa Ana cobraron el año pasado 50 bolivianos por concepto del examen de admisión.
Al igual que esa unidad educativa, en el colegio Inglés Católico, ubicado en la calle Murillo, también se habría pedido 50 bolivianos por la misma razón.
“Sus autoridades sólo indican que es norma del colegio, pero ¿dónde queda la norma ministerial?”, puntualizó.
Pereira comentó que otro de los colegios que incurrió en realizar inscripciones desde 2010 fue el San Antonio de Padua, ubicado en la calle Chuquisaca. Este medio publicó ayer que ese establecimiento vende uniformes y material escolar en la librería que está dentro del colegio, acto que está prohibido por la normativa educativa.
Uno de los establecimientos que más llamó la atención a los padres de familia fue el colegio Horizontes, de Cota Cota, pues, según Pereira, “en el establecimiento se cobra 1.600 bolivianos durante cuatro años por el derecho de ingreso al colegio”. Además de 880 bolivianos por el material escolar. “Creo que ese tipo de excesos se tienen que terminar. Los colegios deben dejar de lucrar con la plata de los padres de familia”.
Por otra parte, en el Montessori, hasta la gestión pasada, se cobraban 11 cuotas, aunque la norma ya de ese entonces decía que eran sólo 10. “Este año se redujo la cantidad de mensualidades, pero las mismas se incrementaron hasta en un 15 por ciento”.
Asimismo, dijo, las unidades educativas Hugo Reynolds y Don Bosco faltan a la norma, porque en el contrato con los padres de familia dirigen la compra del uniforme y el material escolar.
Villa reiteró que está prohibido “hacer contratos con terceros para la compra de uniforme o material escolar” y que la directiva la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) firmó el convenio con el Ministerio, que recuerda esta restricción “que los directores cometan una serie de abusos”. Por eso, sólo se debe dar el color del uniforme y el padre puede adquirirlo de donde quiera.
En caso de que los colegios incumplan lo establecido y lleguen a tener tres faltas, “por más que sean reconocidas”, serán clausuradas.
Los padres incumplen en los fiscales
El viceministro de Educación Regular, Iván Villa, informó que el Ministerio está recibiendo muchas denuncias de cobros altos en la matriculación, que además están prohibidos, y los que ahora incumplen la norma son los padres de familia.
“Si anteriormente teníamos bastantes quejas (de los padres) hacia los directores (de los establecimientos, por el cobro), ahora está pasando (la queja) a las juntas escolares por el proceso de matriculación”.
Esos cobros, comentó la autoridad educativa, son supuestamente para la infraestructura escolar, aunque “aún no se reunieron en una asamblea general como para detectar sus problemas y necesidades”. Villa explicó que es en esa instancia donde se determinan si habrá algún cobro para la adquisición, por ejemplo, de algunos vidrios rotos, pero esa decisión tiene que ser acorde con las estrategias educativas y no directamente de los representantes de la junta escolar.
De acuerdo con Villa, ése es el problema más grande que existe en las inscripciones escolares que comenzaron el lunes.
Respecto de los requisitos de inscripción, Villa recordó que otro problema que detectó la Junta Nacional de Padres de Familia es que algunas unidades educativas “están abusando en el pedido de la documentación, por lo que serán sancionadas”.
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