La pugna por el incremento salarial confrontó ayer a padres de familia y al magisterio, a dos cuadras del Palacio Quemado. Los maestros urbanos piden 12 por ciento de aumento, mayor al 5 por ciento ofrecido por el Gobierno. El Ejecutivo invitó a los profesores a dialogar; sin embargo, ratificó el descuento.
Ayer por la mañana, padres de familia de seis macrodistritos de La Paz —Max Paredes, Periférica, zona Sur, Centro, Cotahuma y San Antonio— salieron a las calles en marcha de protesta para exigir que los maestros retornen a clases o, de lo contrario, se declare a la docencia pública como una profesión libre.
La caminata del macrodistrito del Centro llegó a la esquina de la calle Ingavi y Genaro Sanjinés, a dos cuadras del Palacio de Gobierno, mientras que la de la Periférica, a la calle Sucre. Entre las filas de esta última se corrió el rumor de quemar los domicilios de los principales dirigentes del magisterio: Wilma Plata, José Luis Álvarez y Gonzalo Soruco, “por ser los más trotskistas”, afirmó el padre Alfredo Tapia.
El dirigente del magisterio, José Luis Álvarez, denunció que el Gobierno estaba buscando enfrentados. “Por eso no hizo llegar la invitación al diálogo” entre su sector y el Ministerio de Educación.
Los profesores están movilizados hace dos semanas y hace cuatro días, y cumplen un paro indefinido para conseguir un alza salarial del 12 por ciento y la nivelación de los sueldos de los maestros del área rural y urbana. Alrededor de las 11.00, salieron a las puertas de su Casa Social, en la Genaro Sanjinés, y así comenzaron las agresiones verbales y luego físicas con los padres de familia.
Durante el enfrentamiento, una maestra fue herida supuestamente con una piedra que le llegó a la cabeza. En ese momento llegó un grupo de efectivos de la Unidad Táctica Operativa Policial que separó a ambos bandos con gases lacrimógenos.
Pero en el lugar se quedó cerca de un centenar de padres del distrito Centro, que a viva voz repitieron estribillos como “vagos, vagos, vagos”; los maestros les respondieron: “Buscapegas”. Ese cruce verbal duró aproximadamente dos horas.
Elvia Pórcel, madre de familia, afirmó que su sector fue amedrentado por los profesores. “Queremos que se declare (al magisterio) profesión libre”.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció que un acuerdo con los padres de familia determinó que el descuento salarial a los maestros por día no trabajado no será negociable y comentó que esos recursos se los usará para beneficio de las escuelas. Las juntas escolares serán las que verifiquen qué docentes trabajaron o no en sus unidades educativas.
Aguilar inició ayer a las 19.00 un diálogo con dirigentes del sector. Álvarez informó a las 23.00 que cualquier avance será evaluado con las bases, que definirán la suspensión o continuidad de las medidas.
Las movilizaciones del magisterio crecen a escala nacional. En la urbe de La Paz, ayer por la tarde, sus bases realizaron una marcha, al igual que en Cochabamba. En Santa Cruz, los maestros urbanos se sumaron al paro, mientras en Potosí, sus colegas tomaron simbólicamente el Servicio Departamental de Educación y los de colegios particulares anunciaron que se plegarán a las medidas de presión. Finalmente, en las ciudades de Oruro y El Alto, resguardaron sus sedes para que no sean tomadas por los padres de familia.
Para este jueves, la Federación de Padres de Familia de El Alto, junto con estudiantes de secundaria, marchará a la sede del Gobierno para exigir la profesión libre.
Se crea Fondo de Auxilio
El Ministerio de Educación aprobó ayer un decreto supremo que crea el Fondo de Auxilio para cubrir los gastos administrativos de las direcciones de las escuelas públicas.
El titular de la repartición, Roberto Aguilar, afirmó que con este presupuesto, “a partir de la fecha, ningún director obligará a los padres de familia a hacer un aporte” por ese rubro.
El decreto gubernamental establece un rango de fondos desde 200 bolivianos, para los establecimientos que tengan menos de 170 alumnos, hasta 1.000 bolivianos, para las unidades con más de 1.000 estudiantes. Además, el monto que sea destinado a los centros escolares estará sujeta a fiscalización del Ministerio, que se realizará con descargos, es decir, con facturas o recibos de compras de los materiales.
Para el dirigente del magisterio, José Luis Álvarez, ésta es una medida que incita a los padres a hacer movilizaciones.
Alteños denuncian cobros
Padres de familia de El Alto denunciaron que dirigentes de la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) de esa urbe, liderados por el diputado del oficialismo Jorge Choquetarqui, obligan a sus afiliados a marchar bajo pena de multas y sanciones.
El parlamentario aludido explicó a La Prensa que la marcha programada para hoy fue decidida en un ampliado de la Fedepaf, y aclaró que no instó al cobro de multas a los inasistentes, aunque subrayó que “cada unidad educativa determina si se sanciona o no a los padres de familia. Cada establecimiento es magno y soberano. Pero como Fedepaf no sacamos multas”.
Lidia Calle, quien se encontraba en la puerta de ingreso a las oficinas de Fedepaf, entrevistada por la ANF, con relación a las multas que se aplicarían a los que no asistan a la marcha, respondió que en la Unidad Educativa Romero Pampa los padres de familia que no marchen pagarán una multa de 50 bolivianos.
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