Disputa por un terreno afecta las clases de una escuela

Un terreno, ubicado al lado del colegio particular Simón Bolívar, jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra, se ha convertido en el centro de disputa entre padres de familia de dicho establecimiento y un grupo de vecinos de la zona, lo que ha generado la suspensión temporal de las labores educativas.

Los primeros aseguran que dicho predio es de propiedad del centro educativo por lo que apoyan la decisión de construir una barda para dar mayor seguridad al alumnado, mientras que los otros se oponen a la obra porque aseguran que el terreno es un área verde. El viernes de la semana pasada el lío llegó al extremo que el grupo que reclama el lote para equipamiento social procedió a tumbar la verja que fue levantada para delimitar el lugar. El incidente dejó dos personas con heridas en el rostro.

El ambiente ayer continuaba tenso. Por la mañana los padres de familia bloquearon la carretera a La Guardia para exigir la intervención de las autoridades, mientras que el otro grupo de vecinos se mantenía atento a que la obra no sea retomada. Cerca del mediodía se registraron discusiones entre mujeres de los dos bandos.

En representación de los padres de familia, Gladys Aramayo manifestó que el problema data desde hace más de un año y que al menos en diez oportunidades la barda ha sido derrumbada. La madre de familia mostró documentos que demuestran que el predio no es área verde y pidió la intervención de la Defensoría de la Niñez, a fin de que la situación no afecte el derecho de los niños a la educación.

Por su parte, Marisol Medrano, vecina del lugar, dijo que también tiene papeles que señalan al predio como área de equipamiento social, por lo tanto, afirmó que no permitirán que el lote sea embardado.

Consultado sobre el asunto, el subalcalde del distrito 10, Nicolás Gildres, manifestó que la Alcaldía ya ha dado un pronunciamiento al respecto, que es de conocimiento de todos los vecinos, y espera que ellos puedan llegar a un entendimiento para no perjudicar a los estudiantes.

Según Gildres, el Plan Regulador ha constatado que el predio en cuestión es un área útil y no pública, por lo tanto se puede proceder al embardado. No obstante, aún está en proceso de verificación si el dueño del colegio tiene el derecho propietario del predio.