Una vez se apruebe la Ley Educativa Elizardo Pérez-Avelino Siñani, el Gobierno intervendrá directamente en las juntas escolares, para conocer el destino de los aportes que hacen los padres de familia al inscribir a sus hijos, informó ayer el viceministro de Educación Regular, Germán Jiménez.
Dirigentes de las juntas escolares de La Paz y El Alto manifestaron su respeto a esta decisión, pero exigieron al Gobierno que garantice ítems e infraestructura.
La determinación la asumirá ese despacho a consecuencia de las constantes denuncias que hacen los padres de familia respecto de cobros excesivos que realizan las juntas escolares para inscribir a sus hijos en las unidades educativas fiscales.
Las juntas escolares fueron reconocidas por la Ley de Participación Popular de 2004, que les faculta a realizar actividades de apoyo al mejoramiento de las unidades educativas, además de fiscalizar la calidad educativa, pero no cobros ni sanciones pecuniarias. Según Jiménez, la imposición de medidas aisladas, como las amenazas de los dirigentes de no permitir la inscripción de los estudiantes si no pagan multas porque los papás no asistieron a reuniones, o participaron en marchas o desfiles, no le hace bien a los padres de familia y tampoco a los estudiantes.
La autoridad observó también la “extraña injerencia” de dirigentes de algunas juntas escolares, que no mencionó, no informan de sus actividades a los padres de familia y menos al Servicio Departamental de Educación (Seduca) o al Ministerio de Educación. “Eso tiene que terminar”.
Aclaró que desde el Ministerio de Educación no se oponen a la existencia de las juntas escolares, porque en muchos casos coadyuvan para el mejoramiento de la calidad educativa, pero aclaró que si existe un acuerdo entre padres de familia o estudiantes, éste debe ser refrendado con un informe en el que se detallen las circunstancias y el destino de los fondos que se recaudan, especialmente cuando se trata de las actividades que se realizan para los bachilleres.
“Hay instituciones que están aportando bastante a la educación”, pero muchas de ellas han trabajado al margen de la norma. “Eso es grave, por eso el próximo paso será dar otra dinámica a la participación de las juntas escolares en la fiscalización, pero en el marco de la transparencia”.
El presidente de la Junta Departamental de Padres y Madres de Familia, Franklin Gutiérrez, dijo estar de acuerdo con esta medida, pero explicó que en muchos casos se vieron en la necesidad de hacer cobros para contratar profesores de computación sin ítems. Del mismo criterio fue el presidente de la Federación de Padres de Familia El Alto, Jorge Choquetarqui, quien dijo que para evitar esos cobros, el Gobierno debe garantizar la manutención de los establecimientos educativos, porque en muchos de ellos, los padres de familia son quienes realizan las mejoras y refacciones.
Las juntas escolares deben apoyar a mejorar la calidad educativa.
El contrato se retrasa
Los dirigentes de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) esperan reunirse con autoridades del Ministerio de Educación, para aprobar el convenio que deben firmar con los padres de familia a tiempo de inscribir a sus hijos, declaró el vocero de esa institución, Adolfo Vega.
La organización espera que el Gobierno acepte incluir en dicho convenio una cláusula en la que se anuncie que en mayo se incrementarán las pensiones en los establecimientos privados. Asimismo, aclaró que los 220 colegios afiliados están dispuestos a cumplir el convenio. En criterio del viceministro de Educación Regular, Germán Jiménez, lo que se quiere es evitar son los cobros excesivos.
Cobros irregulares
Tras la apertura de las inscripciones escolares este lunes 18, varias quejas llegaron al despacho del dirigente de las juntas escolares, Javier Astorga, acerca de cobros indebidos en que, al parecer, distintas unidades educativas de la ciudad de Tarija incurrieron.
Astorga se abstuvo de citar a los establecimientos que faltaron a la norma, dijo que “no tenemos un informe oficial, por eso es que no hemos intervenido en las unidades “, aseguró a tiempo de recordar que la Resolución 1/010 considera la gratuidad completa, por lo que está terminantemente prohibido que las unidades escolares fiscales cobren un solo boliviano.
Dirigentes de las juntas escolares de La Paz y El Alto manifestaron su respeto a esta decisión, pero exigieron al Gobierno que garantice ítems e infraestructura.
La determinación la asumirá ese despacho a consecuencia de las constantes denuncias que hacen los padres de familia respecto de cobros excesivos que realizan las juntas escolares para inscribir a sus hijos en las unidades educativas fiscales.
Las juntas escolares fueron reconocidas por la Ley de Participación Popular de 2004, que les faculta a realizar actividades de apoyo al mejoramiento de las unidades educativas, además de fiscalizar la calidad educativa, pero no cobros ni sanciones pecuniarias. Según Jiménez, la imposición de medidas aisladas, como las amenazas de los dirigentes de no permitir la inscripción de los estudiantes si no pagan multas porque los papás no asistieron a reuniones, o participaron en marchas o desfiles, no le hace bien a los padres de familia y tampoco a los estudiantes.
La autoridad observó también la “extraña injerencia” de dirigentes de algunas juntas escolares, que no mencionó, no informan de sus actividades a los padres de familia y menos al Servicio Departamental de Educación (Seduca) o al Ministerio de Educación. “Eso tiene que terminar”.
Aclaró que desde el Ministerio de Educación no se oponen a la existencia de las juntas escolares, porque en muchos casos coadyuvan para el mejoramiento de la calidad educativa, pero aclaró que si existe un acuerdo entre padres de familia o estudiantes, éste debe ser refrendado con un informe en el que se detallen las circunstancias y el destino de los fondos que se recaudan, especialmente cuando se trata de las actividades que se realizan para los bachilleres.
“Hay instituciones que están aportando bastante a la educación”, pero muchas de ellas han trabajado al margen de la norma. “Eso es grave, por eso el próximo paso será dar otra dinámica a la participación de las juntas escolares en la fiscalización, pero en el marco de la transparencia”.
El presidente de la Junta Departamental de Padres y Madres de Familia, Franklin Gutiérrez, dijo estar de acuerdo con esta medida, pero explicó que en muchos casos se vieron en la necesidad de hacer cobros para contratar profesores de computación sin ítems. Del mismo criterio fue el presidente de la Federación de Padres de Familia El Alto, Jorge Choquetarqui, quien dijo que para evitar esos cobros, el Gobierno debe garantizar la manutención de los establecimientos educativos, porque en muchos de ellos, los padres de familia son quienes realizan las mejoras y refacciones.
Las juntas escolares deben apoyar a mejorar la calidad educativa.
El contrato se retrasa
Los dirigentes de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) esperan reunirse con autoridades del Ministerio de Educación, para aprobar el convenio que deben firmar con los padres de familia a tiempo de inscribir a sus hijos, declaró el vocero de esa institución, Adolfo Vega.
La organización espera que el Gobierno acepte incluir en dicho convenio una cláusula en la que se anuncie que en mayo se incrementarán las pensiones en los establecimientos privados. Asimismo, aclaró que los 220 colegios afiliados están dispuestos a cumplir el convenio. En criterio del viceministro de Educación Regular, Germán Jiménez, lo que se quiere es evitar son los cobros excesivos.
Cobros irregulares
Tras la apertura de las inscripciones escolares este lunes 18, varias quejas llegaron al despacho del dirigente de las juntas escolares, Javier Astorga, acerca de cobros indebidos en que, al parecer, distintas unidades educativas de la ciudad de Tarija incurrieron.
Astorga se abstuvo de citar a los establecimientos que faltaron a la norma, dijo que “no tenemos un informe oficial, por eso es que no hemos intervenido en las unidades “, aseguró a tiempo de recordar que la Resolución 1/010 considera la gratuidad completa, por lo que está terminantemente prohibido que las unidades escolares fiscales cobren un solo boliviano.
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