El viceministro de Educación, Juan José Quiroz, informó que los establecimientos educativos privados se cierran a la tercera llamada de atención por vulnerar la resolución 01/2016, que establece resguarda el buen servicio que brindan a los estudiantes.
“Por ejemplo, tenemos el caso de la unidad educativa Los Pinos, por incumplimiento a las normas ha sido sancionada y lo que queda es cerrarla”, dijo.
La Resolución 01/2016 establece que todas las unidades educativas deben brindar condiciones pedagógicas adecuadas, contar con una resolución administrativa, con título de propiedad del terreno, la certificación y autorización legal, su plan operativo, contratos con el personal docente y si tiene servicio de transporte, también contar con documentos.
Señaló que el cierre de unidades educativas privadas se hace efectivo al tercer llamado de atención, y que si lo consideran injusto pueden apelar ante el Ministerio de Educación.
Además, manifestó que las direcciones distritales y departamentales son las encargadas de verificar el cumplimiento de esa norma.
OBSERVADOS
Por su parte, el director de la Dirección Departamental de Educación, Basilio Pérez, informó que la Unidad Educativa Los Pinos fue cerrada por incumplimiento a la normativa que existe en el funcionamiento de las unidades educativas y no por problemas económicos.
“Se comprobó el maltrato a estudiantes y no se otorgó la beca al tercer hermano, emitimos las sanciones del 10 y 20 por ciento y realizaron un contencioso administrativo, en tanto la unidad educativa seguirá funcionando”.
En cuanto al Colegio Loretto, el problema radica que la infraestructura no cuenta con derecho propietario. “Se hizo la emisión del cierre el año pasado y, lamentablemente, desde Sucre el juez emitió un Amparo Constitucional que señala que el conflicto debe ser tratado por el Ministerio de Educación”, explicó.
Sin embargo, la dirección departamental es autónoma y descentralizada y todos los recursos jerárquicos administrativos pueden ser resueltos en esta instancia.
“El ministerio nos ha devuelto el trámite y ya lo hemos resuelto, mientras el amparo constitucional se resuelva la unidad educativa funcionara”, dijo.
En tanto, Colesur tiene problemas también de derecho propietario. “El problema de los colegios privados es que no quieren cumplir la normativa, hacen acciones legales, y los procesos se quedan en sanción”, dijo.
CIERRE
El colegio San Patricio cerrará su gestión porque no se aplicó la norma fueron sancionados y tuvieron que pagar multa.
Agregó que en el caso del colegio Boliviano Israelita tiene también conflictos, este está en proceso de investigación, “parece que hicieron un cambio de infraestructura, se aplicará las normas severamente”.
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