El director departamental de la FELCC, Gary Omonte, señaló que es imperativo que los directores de colegios y escuelas lleven un registro pormemorizado de los padres, tutores, parientes o algún vecino autorizado a recoger a los alumnos de colegios particulares y públicos, informó a la Red ERBOL.
La recomendación se da después de que la niña Camila Cruz Ticona fue secuestrada de la puerta del Colegio Santa Ana, en el centro paceño, el pasado jueves. La pequeña fue hallada durante un operativo realizado el viernes en la ciudad de El Alto.
El jefe policial recomendó también que los padres lleven y recojan personalmente a sus hijos hasta las escuelas o colegios en los horarios de entrada y salida.
Para el director de la FELCC la seguridad ciudadana es un trabajo que se debe realizar de forma conjunta entre directores, profesores y padres de familia para evitar secuestros como el producido en días pasados.
La Policía por su cuenta visita permanentemente a colegios públicos y privados para brindar charlas de orientación y prevención contra los secuestros, trata y tráfico de personas.
La solicitud de la Policía ya fue formulada en marzo pasado a los gobiernos subnacionales para luchar contra el microtráfico de drogas y asumir una medida de prevención, tomando en cuenta que al menos 250.000 estudiantes asisten a distintas unidades educativas del país.
Página Siete informó que el 37% de las 60 unidades educativas particulares de La Paz afiliadas a la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) no tiene un sistema de seguridad para el control del ingreso y salida de los estudiantes. Los establecimientos disponen hasta octubre para instalar cámaras de vigilancia.
La Andecop comunicó que es imperativo contar con un sistema de seguridad para evitar incidentes.
En los colegios
Información El viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, solicitó un informe a la Dirección Departamental de Educación (DDE) para establecer "qué pasó en el colegio donde se produjo el secuestro de la escolar” Camila.
Control La DDE se encarga de hacer seguimiento a los contratos contractuales entre padres de familia y los colegios.
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