“Hemos observado falta de información no solo de los padres sino también de directores de centros educativos que tienen poca información de la resolución porque ésta no se ha socializado bien. Por ejemplo, pensaban que la recomendación de 30 alumnos era para todos los cursos de primaria y secundaria, no solo para los iniciales”, explicó a la Agencia de Noticias Fides (ANF).
Además, la institución verificó la existencia de aglomeraciones en algunos establecimientos educativos mientras que otros estaban vacíos y recomendó la realización de un estudio para llevar a cabo una distribución equitativa de los alumnos y garantizar el acceso a la educación.
CENTROS INFANTILES
En el caso de los centros infantiles de pre-kínder y kínder, Guarachi indicó que se encontraban colapsados ya que no son suficientes para cubrir la demanda de la población, lo que genera una “mercantilización” que pone en riesgo la educación.
La representante paceña de la Defensoría indicó que algunos colegios trabajaron a puerta cerrada durante la jornada de inscripciones, algo no permitido al ser instituciones públicas que prestan servicio a la población. “El lunes por la mañana después de mucha insistencia del Defensor del Pueblo permitió que abrieran las puertas del colegio German Busch a las 11 horas”, sostuvo.
La institución recorrió 100 unidades educativas fiscales de La Paz y El Alto el primer día de inscripciones con el fin de garantizar que se cumpla el derecho a la educación, se evite la discriminación a estudiantes con capacidades diferentes, en situación de gestación, maternidad o paternidad, estado civil de sus progenitores o religión.
SANCIONES
Por su parte, el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, informó que se abrirán procesos administrativos contra directores de unidades educativas fiscales y se impondrán sanciones económicas a directores de colegios particulares que conocieron irregularidades en la primera jornada de inscripciones y no actuaron de acuerdo a la ley.
“Abriremos procesos administrativos a directores que conociendo los cobros no hicieron nada y vamos a sancionar con todo el rigor. Para las privadas vamos aplicar las sanciones económicas que establece la Resolución 001/2016, que es el 10% del ingreso”, explicó el viceministro, según ANF.
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