Defensor denuncia “expulsión” de 6 alumnas por estar embarazadas

Cuatro adolescentes embarazadas y dos que ya son madres fueron apartadas de un colegio de Nor Yungas, a sugerencia de los padres de familia y con el pretexto de darles licencia, denunció la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi. Este alejamiento vulnera el derecho a la educación de las jóvenes.
"Se tomó conocimiento de que seis adolescentes habrían tenido una especie de licencia en su colegio, ubicado en una comunidad de Nor Yungas, porque los padres de familia lo solicitaron. En el fondo lo que se hizo fue apartarlas del sistema educativo y privarlas del derecho a la educación. Cuatro de ellas están en proceso de gestación, de siete y ocho meses, y dos ya han dado a luz”, informó Guarachi.
La Defensoría guarda en reserva el nombre de la unidad educativa denunciada y la comunidad donde se ubica por la seguridad de las afectadas.
Hace una semana, familiares de las afectadas presentaron el caso a la Defensoría del Pueblo vía Facebook. Inmediatamente, Guarachi se comunicó con los denunciantes y con la representante del Defensor del Pueblo en Caranavi, María Flores, para que verifique la situación en la propia comunidad.
Flores se reunió con el director de la unidad educativa. "Él ratificó que las estudiantes habrían salido con licencia, para evitar que se ponga en riesgo su integridad en el establecimiento”, informó Guarachi y destacó que esa licencia no consignaba la fecha de retorno a clases.
Un boletín institucional de la Defensoría del Pueblo indica que el director del establecimiento les otorgó la licencia a las estudiantes "por recomendación de los padres de familia, pero que ellas podían presentar sus trabajos escolares y cumplir con los exámenes de evaluación”. En el lugar, la representante del Defensor constató que fueron seis adolescentes gestantes las que sufrieron ese atropello.
A criterio del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, "no son válidas las razones que señala (el director) de que esas acciones responden a la presión de la comunidad, porque los derechos a la educación, a no ser discriminado y a ejercer la maternidad en condiciones de igualdad y protección están por encima de otras condiciones”.
Villena señaló que la decisión de suspender a las adolescentes embarazadas se constituye en una flagrante violación a la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, a la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, además vulnera la Resolución Ministerial 001/2015 del Ministerio de Educación.
En la intervención defensorial, Flores informó al director de la unidad educativa sobre esas faltas a la normativa. Él se comprometió a dejar sin efecto la determinación y a restituir a clases a las estudiantes. "El pasado lunes las muchachas ya debían volver a clases. Acudiremos el jueves al sitio para la verificación”, indicó Guarachi.
Villena mostró su preocupación por la aparición de nuevas quejas de "expulsión” de adolescentes embarazadas de colegios rurales. "Ello no solamente vulnera derechos claramente señalados en la normativa, sino que muestra la persistencia de una visión patriarcal y discriminatoria que castiga a las mujeres por el hecho de ser madres”, dijo.

En 2013, los comunarios de tres municipios decidieron expulsar a estudiantes gestantes de sus unidades educativas.


Educación pide informe y anuncia procesos a dos directores

Después que llegó la denuncia del alejamiento de estudiantes embarazadas del colegio a la Unidad de Transparencia del Ministro de Educación, el ministro Roberto Aguilar pidió un informe a la Dirección Departamental de Educación (DDE). Anuncia procesos contra el director distrital de esa región y el director de la unidad educativa.
Aguilar informó que el jueves, cuando recibió la queja, la Unidad de Transparencia emitió una carta con carácter de "urgencia” al director Departamental de Educación, Basilio Pérez, solicitándole un informe sobre el caso.
"Con ese informe se recomendará procesos contra los responsables”, dijo el ministro y explicó que tanto el director del colegio como el director distrital deben velar por los derechos de los estudiantes.
El titular de la DDE, Basilio Pérez, explicó que él también solicitó un informe a la Dirección Distrital; y el mismo le llegó ayer por la tarde.
"El informe indica que aunque se determinó la suspensión de las estudiantes en una reunión de los padres de familia, no se concretó esa decisión porque la norma no lo permite”, declaró Pérez. Aseguró que la representante del Defensor del Pueblo de Caranavi participó de esa reunión.