Pensiones y calidad educativa: una compleja disyuntiva

Según la Constitución Política del Estado, "la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Pero, cuando los padres de familia creen que el aquél no ofrece una educación que responda a sus expectativas, prefieren sacrificar una parte no despreciable de sus ingresos enviando a sus hijos a colegios particulares.
De hecho, a pesar de los avances logrados en materia educativa desde la reforma educativa iniciada el año 1994, a la que se suma la nueva Ley Aveliño Siñani-Elizardo Pérez (2010), un porcentaje significativo de padres de familia opta por la educación privada. ¿Se justifica el sacrificio económico que representa esa decisión?
Los colegios privados son en su mayor parte establecimientos con fines de lucro, y aunque éste no es en todos los casos la mayor motivación, las ganancias que obtienen permiten que exista una oferta de colegios particulares que en mayor o menor grado aumentan las posibilidades de los padres de familia y estudiantes de acceder a una mejor educación.
Solamente en la ciudad de La Paz (sin contar a El Alto), funcionan alrededor de 571 colegios particulares. De ellos, algunos son establecimientos tradicionales de mucho prestigio, mientras que otros son más pequeños, nuevos u ofrecen ciertas ventajas en la formación que son sugestivas para los padres en su elección.
Sin embargo, como un colegio no es un negocio como cualquier otro y no puede ser dejado a los caprichos del libre mercado, el Estado interviene controlando el costo de las pensiones para proteger la economía de los padres de familia.
En los últimos años este tema ha sido objeto de debate y pulseta entre las autoridades educativas y los dueños de unidades educativas privadas. Por un lado, el Estado ha decidido fijar topes a los incrementos en el costo de pensiones; por otro, los colegios han anunciado que éstos no son sostenibles, pues deben cumplir con obligaciones laborales -como el incremento salarial y el doble aguinaldo- y, si las pensiones son insuficientes, la tendencia podría ser sacrificar la calidad de la educación, poniendo en riesgo justamente aquello que los padres más valoran.
En opinión de expertos, el tema de las pensiones y de la calidad de la educación particular son de suma importancia para un segmento significativo de la población y su discusión no debe limitarse a una simple determinación del monto máximo del aumento de las pensiones.
Página Siete consultó con directores de establecimientos privados de La Paz, y todos ellos coinciden en que un tope de 4% en el incremento significa dificultades en su sostenibilidad económica.
"La situación se complica porque los profesores y todo el personal deben recibir un segundo aguinaldo. Que eso es lo que realmente dificulta la parte económica”, explica Deisy Revilla, directora del colegio San Matías, en el centro de La Paz.
"El techo presupuestario para pagar sueldos, aportes patronales, AFP y otros ingresos… no alcanza. Lamentablemente (el incremento) es un monto muy bajo para la tasa de crecimiento”, lamenta Teresa Mancilla, directora del San Martín, que funcional en la misma calle.
A esta situación se suma la mora en las pensiones en la que incurren muchos padres de familia, que llega en algunos extremos hasta el 60% de los ingresos de algunas unidades y las lleva a no tener liquidez para cumplir obligaciones a tiempo, sostiene la presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados, Isabel Sotez.
En este contexto, las unidades educativas "grandes” prevén complicaciones económicas en el mediano plazo. Según sus autoridades, de continuar este panorama atravesarán por una situación complicada en tres años.

El colegio Don Bosco, por ejemplo, avizora que experimentará déficit en sus finanzas el 2018. "Hemos hecho un estudio y hay una brecha que se va abriendo cada vez y tendríamos problemas el 2018. Estaríamos con saldos negativos y no sabríamos de dónde resolver este asunto”, asegura el administrador, Javier Cerruto.
El colegio San Calixto es otro en los que se prevé similar situación si se mantiene la tendencia "no equitativa” entre aumento salarial e incremento en pensiones, expresa el director del tercer ciclo, Enrique Gobilard.
Para los colegios "pequeños” –vaticinan sus directivos- los perjuicios están "a la vuelta de la esquina”, y es que prevén posibles cierres al no poder contar con recursos para sostener sus operaciones. "Para la próxima gestión estamos pensando en cerrar el nivel primario o tal vez también nosotros levantar las manos y cerrar la institución, porque ya no podemos solventar”, asevera Teresa Mancilla.
¿Cuánto "cuesta” una educación de calidad?
Evidentemente, el costo en pensiones no es más que un factor en el debate sobre la educación en el país. De hecho, por lo que se aprecia cada año, las exigencias en cuanto a calidad no están directamente relacionadas con el monto que se destina a pagar una pensión. "La elección de una escuela particular es en muchos casos una apuesta de los padres por la seguridad en el rendimiento y por aspectos de ascenso social, que por un exhaustivo análisis de lo que debería ofrecer una escuela”, sostiene Marina Hoyos, especialista en educación.
Sin embargo, el hecho es que este factor -el costo de las pensiones-, que es visto como una medida para "fiscalizar” a las escuelas privadas, puede convertirse incluso en un condicionante adverso. "El que existan establecimientos particulares en todas las zonas de la ciudad habla de una necesidad de este tipo de oferta”, agrega Hoyos.
Las regulaciones al incremento de pensiones vienen siendo aplicadas hace muchos años, pero si bien ese porcentaje es uniforme, se aplica a bases muy diversas. Mientras que algunos colegios de élite de la zona Sur cobran hasta 400 dólares al mes por alumno, otros colegios de barrios cobran 400 bolivianos al mes. Los servicios son distintos, pero mientras se mantenga un incremento fijo, un colegio que quiera mejorar sus servicios está prácticamente imposibilitado de hacerlo por razones presupuestarias. Es más, en la mayoría de los casos los colegios deben hacer frente a un aumento de costos mayores a los de sus ingresos. Justamente a raíz de esta situación, al menos cinco escuelas dejaron de operar en 2014.

Mientras los ingresos por alumnos aumentan hasta lo establecido por el gobierno, los colegios deben cubrir un presupuesto en el que el mejoramiento de la calidad de la educación deja de ser una prioridad: la solución obvia es aumentar el número de alumnos por profesor, con el consiguiente deterioro de la calidad educativa.



Andecop espera conocer alza salarial

La directiva de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) espera conocer cuál será el porcentaje del incremento salarial en esta gestión, para analizar el impacto que tendrá el incremento de 4% a las pensiones en las unidades educativas particulares.
"Estamos esperando cuánto de porcentaje significa el incremento a los salarios y la capacidad que tienen los colegios para poder cumplir”, asevera Isabel Sotez, presidenta de Andecop.
El pasado año el incremento salarial decretado por el Gobierno fue del 10%, mientras que el incremento a las pensiones llegó al 6,9%.
"Desde 2006 se ha hecho la acumulación de porcentajes inferior al incremento de gestión en relación a los salarios y el incremento a las pensiones”, afirma Sotez.
La dirigente considera que habrá un momento en que los mismos padres de familia tendrán que tomar conciencia y conversar con las autoridades de los colegios para considerar la situación económica.