"Los niveles donde hay más casos de racismo es en educación, y en educación los colegios, permanentemente, a veces los profesores hacia los alumnos palabras despectivas, presión por notas, (…), un punto alto también son las mujeres", dijo Cárdenas.
En este sentido, el Viceministerio de Descolonización exigió a las 17.546 unidades educativas del país presentar su reglamento interno, que base sus preceptos en las disposiciones de prevención y lucha contra el racismo establecidas en la Ley 045. El pedido del Viceministro se remite a los compromisos firmados anteriormente por los directores departamentales y distritales de educación, además de directores de unidades educativas.
Según la Ley 045, en su artículo 6, una de las obligaciones del Estado es promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y secundario.
Pero no solamente en las unidades educativas se presentan denuncias sobre discriminación y racismo, sino también, de acuerdo con datos proporcionados por el Viceministerio de Descolonización, instituciones como los órganos Ejecutivo y Legislativo, instituciones privadas, Policía, comunidades indígenas, salud y otros que presentan índices de presuntos casos de este tipo.
VACÍOS LEGALES Cárdenas aseguró que aún hay vacíos en la Ley 045. Uno de ellos en el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, que no tiene la facultad de sancionar a las personas que son denunciadas, simplemente pueden recibir y hacer seguimiento de las denuncias, tratarlas de solucionar vía conciliación, pero cuando son casos relevantes son derivados al Ministerio Público.
Por tal motivo es que se propone mejorar el reglamento del Comité para el siguiente año, con el fin de darle la potestad sancionatoria contra quienes sean denunciados por racismo o discriminación en el menor tiempo posible, ya que muchos de los denunciantes reclaman que sus casos no son sancionados y que tienen una duración de meses.
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