Así informó el presidente de la Asociación de Colegios Particulares de Oruro (Andecop), Flavio Lagrava Rodríguez, al momento de señalar que su posición en relación a esta norma se mantiene en statu quo, esperando tener una resolución definitiva.
No obstante, señaló que desde el punto de vista pedagógico se está aplicando esta norma desde la pasada gestión de forma paulatina, pues existe un nuevo currículo, diferente distribución de horas; lo cual requiere planificación desde el punto de vista pedagógico y económico, ya que el incremento de horas en el sector privado requiere aumentar el costo educativo.
Aseveró que el Gobierno solo permite incrementar un porcentaje a la pensión una vez al año, sin considerar que en los colegios particulares son 10 cuotas que se cobran y se deben pagar 15 sueldos contando con el doble aguinaldo, además de la categorización de los docentes y diferentes bonos.
Señaló que con las políticas actuales no es fácil sostener un colegio privado, por ello se teme que si se continúa de esta forma algunos establecimientos privados tendrán que cerrarse, no porque quieran sino porque será insostenible desde el punto de vista económico.
Respecto a la nueva norma educativa como tal, manifestó que no se busca rechazar, pero sí se debería estudiar a profundidad la Ley Siñani-Pérez, indicó que se debería tener establecimientos pilotos para observar qué bondades tienen, ya que se tuvo varias reformas educativas pero nunca se llegó a resultados finales, y la Ley 070 tampoco muestra cuál será el perfil del egresado.
Explicó que existen materias curriculares que las están agrupando, por tanto el nivel de profundidad que se tendrá en el tratamiento de las materias no es el adecuado para preparar a los alumnos para estudios superiores.
Manifestó que al parecer se quiere formar técnicos medios u obreros calificados, pero a la larga si el país no tiene un sustento industrial se sumarán a la lista de desempleados.
Asimismo, señaló que el tema de infraestructura y equipamiento es otro problema que impide cumplir con la ley educativa, pues ni los colegios privados, ni los fiscales cuentan con lo requerido.
"Merece un estudio profundo, no es cuestión de sacar un decreto o ley y decir esto se aplica sí o sí, tiene que ser paulatino, progresivo y bajo evaluaciones periódicas", sostuvo.
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