Gladys Sandoval, representante de la Defensoría del Pueblo, indicó que al momento se está elaborando un informe y aseguró que los casos identificados serán investigados, considerando que la falsificación de documentos es un delito penal. “Algunos están sacando certificados de trabajo falsos de empresas que están bajando de internet el logotipo y están presentando certificados de trabajo falsos, esto inclusive podría recaer en responsabilidades de tipo penal para los padres de familia”, señaló.
Sandoval dijo que en el primer día de inscripciones lo que más se evidenció es la falta de plazas en algunos colegios, particularmente del centro de la ciudad; mientras que en unidades educativas de los barrios periurbanos se observó falta de estudiantes.
Otro de los aspectos que fue denunciado fue la reserva de plazas, lo que según la Resolución Ministerial 01/2014 estaba totalmente prohibido. “Inclusive en algún colegio nos indicaban que ya habían hecho las inscripciones la semana pasada, siendo que por resolución las inscripciones se abrían este lunes” dijo.
“Nos han indicado también que algunos colegios de convenio no estarían haciendo valer las listas que levantaron, y que por influencias estarían pasando folders a la dirección y que se estaría inscribiendo con derecho preferente a algunas amistades, allegados al personal docente o la dirección”, denunció.
En su recorrido, detalló que también se observó que en un colegio se estaba cobrando veinte bolivianos para la inscripción, bajo el argumento que los recursos son para el pago de los maestros que faltan. “Ahí hemos informado a los padres de familia que si bien el pago es un acuerdo entre los padres de familia, no es un requisito para inscribirlos”, indicó a tiempo de señalar que el caso se presentó en la escuela Hermann Gmeiner, del barrio La Pascuas.
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