El anuncio lo hizo ayer en una reunión con los dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD).
Romero no dio más detalles porque el tema será analizado.
Los representantes de los obreros dieron a conocer, al Ministro, los peligros a los que están expuestos los niños cuando asisten a sus unidades educativas.
El Ministro señaló que en Cochabamba ya se inició el monitoreo con cámaras de seguridad. Por ejemplo, en el municipio de Quillacollo y recientemente en el estadio Felix Capriles, por lo cual, dijo que como departamento se están dando pasos acelerados.
“La seguridad ciudadana no solo es coerción, control y sanción sino prevención. Por ello, la Policía debe trabajar con la comunidad y la población tambien debe complementar con el fortalecimiento de valores”, añadió.
Por su parte, el ejecutivo de la COD de Cochabamba, Luis Villarroel, manifestó que es una necesidad instalar cámaras de vigilancia en las unidades educativas porque los hijos corren peligro de ser “robados”.
Pidió al ministro Romero que se refuercen los módulos policiales dotándoles con policías que permanezcan en el lugar las 24 horas del día.
Entre tanto, el Ministro dijo que los centros de monitoreo posteriormente deben complementarse con otros dispositivos tecnológicos para que funcionen como “cerebros” y monitorear todo lo que pasa en una ciudad.
“De esa forma se podrá dar un salto de la seguridad ciudadana a la seguridad pública, pero dependerá de todos los actores de la sociedad”, acotó.
INVERSIONES Romero informó que para la gestión 2014 las gobernaciones y municipios tienen proyectado invertir 700 millones de bolivianos en seguridad ciudadana. El presupuesto proviene del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
A ese monto se suma el aporte del Gobierno central, que tiene una proyección de 2.300 millones de bolivianos para pagar, principalmente, los costos de operaciones de la Policía.
CÁRCELES La autoridad gubernamental informó que están gestionando un crédito de 55 millones de dólares a China.
Esos recursos económicos serán destinados a la compra de equipos de seguridad, que serán colocados en las cárceles del país.
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