El Gobierno reconoce la estructura educativa de la Iglesia Católica, a través de las delegaciones jurisdiccionales y la organización de las obras educativas eclesiales, señala el informe de la CEB.
El convenio también admite la forma en que la Iglesia nombrará al personal de las instituciones educativas dependientes de esta.
De igual manera, el Estado acepta que la Iglesia designe a los profesores de religión de las unidades educativas fiscales donde las familias demanden una educación religiosa católica./
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