Roberto Aguilar, ministro de Educación, informó que la próxima semana esa cartera de Estado presentará los resultados del censo que se elaboró a las unidades educativas privadas del país, mediante los que se definirán ‘decisiones drásticas’, como el cierre de los establecimientos que no tienen ninguna condición legal, ni pedagógica o educativa para funcionar.
“Detectamos que algunas unidades educativas han falsificado documentos o en su caso han suplantando papeles para crear la figura de sucursales. Ésa es una ilegalidad”, precisó.
Indicó también que se multará a las unidades educativas privadas que no presentaron formularios y no permitieron la verificación de las condiciones del establecimiento.
“La sanción más grave será el cierre del establecimiento por haber falsificado documentos; el haber creado sucursales, debido a que cada espacio educativo debe tener un registro correspondiente para el seguimiento”, insistió.
En septiembre comenzó el censo de más de 3 mil unidades educativas privadas en el país, para verificar las condiciones mínimas de enseñanza y establecer un parámetro de las pensiones escolares.
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