Los sueldos de 3.500 profesores dependen de los padres de familia

La cuarentena no solo implica distanciamiento social y prevención, sino, muchas otras cosas más que tienen en vilo a millones de bolivianos, como la incertidumbre de lo que pasará en sus vidas laborales y familiares, una vez que se levante la medida de aislamiento. Al margen de todo esto, la falta de liquidez es la realidad que toca vivir, en este momento, a la mayoría de las familias.

Los empleadores de todos los sectores no saben cómo pagarán los sueldos a sus trabajadores, debido a que la cuarentena impide el desarrollo normal de sus empresas o instituciones y han dejado de percibir ingresos.

Solo en el campo educativo, hay 3.500 profesores que trabajan en más de 100 colegios particulares de Cochabamba que corren el riesgo de quedarse sin su sueldo temporalmente por marzo y abril, ya que las unidades educativas han dejado de percibir el ingreso que proviene del pago de las pensiones de los alumnos.

El presidente de la Asociación de Colegios Particulares (Andecop) de Cochabamba, Genaro Durán, antes de explicar el contenido de una resolución emitida por esa instancia, explicó que, de los 100 establecimientos educativos, la mitad está afiliada a su institución.

En días pasados, Andecop aprobó un comunicado en el que explica la situación económica de las unidades educativas y apela a la buena voluntad de los padres de familia que tienen la posibilidad y capacidad económica para que cancelen las pensiones escolares de sus hijos y así garantizar el pago de salarios al personal docente, administrativo y de servicio.

Además, expresa la predisposición de acordar con aquellos padres de familia que tuvieran dificultades económicas una renegociación pudiendo determinarse, por ejemplo, pagos parciales a cuenta y/o una reprogramación de saldos de pensiones.

La única fuente de ingresos de las unidades educativas privadas —aclara Durán— son las pensiones escolares que reciben de los padres de familia, convenidas en un contrato civil a inicio de cada gestión, para que sus hijos reciban el servicio educativo.

“No recibimos ayuda, subvención o subsidio alguno de fuentes públicas o privadas, motivo por el cual, las pensiones fijadas anualmente por el gobierno nacional deben garantizarse para no poner en riesgo el funcionamiento de los establecimientos educativos y la estabilidad laboral de sus trabajadores”, concluye Durán.